La Junta de Fiscales de Sevilla mostró ayer su apoyo a Mercedes Alaya, la jueza que investiga los ERE fraudulentos y que fue abucheada la semana pasada, apenas un día después de una nueva disputa entre la Fiscalía y la magistrada por la tramitación de esta macrocausa, que se acerca a los 200 imputados. Diversos sectores han advertido que de prolongarse podrían prescribir algunos delitos, como ha ocurrido en otra pieza que investiga Alaya.
La Junta de Fiscales expresó su rechazo a los abucheos por parte de sindicalistas de CCOO y UGT que se concentraron en los juzgados para pedir la libertad de sus compañeros detenidos en la operación Heracles, incluida en la investigación de los ERE.
La Junta de Fiscales de Sevilla solicita el respeto de la sociedad y las instituciones hacia la tramitación de cualquier proceso judicial, un respeto perfectamente compatible con el derecho a ejercer la crítica de las resoluciones judiciales, aunque también aprovecha para mostrar su rotundo apoyo hacia la labor de los fiscales Anticorrupción de Sevilla bajo los principios de legalidad e imparcialidad en las causas que les han sido asignadas.
Esta coletilla se produce después de que Alaya dictara un auto en el que criticaba que hubieran solicitado la imputación de seis empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra Fátima Báñez, y luego pidieran el archivo de la causa al entender que los delitos habían prescrito. Tras ello, la jueza había pedido a los fiscales que se pronunciasen sobre cuándo considerarían prescritos los delitos que se investigan en el caso de los ERE fraudulentos, en los que Alaya indaga el desvío de fondos públicos de Empleo de la Junta de Andalucía a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en los que se introdujeron intrusos y se cobraron sobrecomisiones.
Alaya lo atribuyó a un error de cómputo de la Fiscalía porque los delitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones, que consideró que el fiscal podría haber cometido por estar asignado a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias, como el retraso en la tramitación y un esfuerzo inútil.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, le replicó cuestionando esos reproches que no conducen a nada, al ser absolutamente ajenos al debate procesal. Por otro lado, el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, pidió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que exija a los altos cargos socialistas imputados en el caso de los ERE fraudulentos que se han acogido a su derecho constitucional a no declarar que colaboren con la justicia y declaren y, si no, que los repruebe públicamente.
Asimismo, la jueza Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros al exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz, al considerar que era consciente que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas, en lo que Díaz tendría cierta participación. La fianza es ligeramente mayor a la solicitada por la Fiscalía. La jueza le imputa delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Alaya también ha impuesto una fianza de 353.354 euros al exresponsable sectorial de CCOO-AJuan Antonio Florido; y de 122.428 euros a dos cuñados del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
