La Delegación de Educación escolarizará este curso en Sevilla a 382.786 niños. La cifra ilustra de las dificultades operativas con las se puede topar la Junta para dar respuesta a las necesidades de una comunidad educativa tan extensa.
Y también contextualiza problemas como el de la falta de plazas en determinados centros, que copan titulares de prensa y generan la percepción de que los padres de Sevilla no pueden mandar a sus hijos al centro que ellos quieren. Es verdad, pero sólo en una proporción mínima (un diez por ciento del total) y ofreciendo alternativas en la zona de elección de los padres.
Este año, además, la oferta escolar se incrementa con la ampliación del programa de gratuidad de los libros de texto, la incorporación de otros 1.106 docentes al cuerpo de profesores, la puesta en marcha de ocho centros educativos y el incremento de ciclos formativos en FP. Pero el mapa educativo tampoco se asemeja al dibujo de un paisaje pastoril: hay problemas, y algunos de ellos son endémicos. El primero se liga a la presencia de caracolas en 55 colegios de la provincia. Educación sostiene que "siempre estarán ahí por definición" pues siempre hay obras en los colegios, pero no parece una explicación plausible.
El segundo se centra en el número de profesores que están de baja: 600, a los que hay que sumar los 400 que, según la Junta, se buscarán un parte médico si nos les gusta la plaza que se les asigna. Y, por último, el elevado número de padres que han sido denunciados por fraude: 631, de los cuales 186 han sido demandados por otros padres.
La Junta llama a hacer una reflexión sobre lo que ocurre en centros como el Portaceli y alerta de que el aluvión de denuncias ha colapsado la investigación emprendida por la Policía Autonómica. Hace bien en pedirlo, pero también debería de entender a esos padres que ansían ver a sus hijos en un centro y se topan con casos flagrantes de fraude ante sus propios ojos. ¿No denunciarían también?
