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Los funcionarios cierran el paso a la reforma del sector público

La segunda macroprotesta en dos meses endurece el pulso con la Junta

el 22 ene 2011 / 22:17 h.

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Miles de personas secundaron ayer la marcha.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, desfila junto a Adolf Hitler haciendo el saludo fascista. Es un montaje, claro. Una imagen fotocopiada mil veces que los funcionarios fueron arrojando ayer al paso de la comitiva, desde el Palacio de San Telmo -sede del Gobierno andaluz- hasta el Parlamento. Pero sustituir la cara de Franco por la de Griñán da una idea clara de lo enquistada que está la crisis por la reordenación del sector público.
La multitudinaria protesta de ayer -la segunda en dos meses- ocupó las calles de Sevilla con funcionarios y empleados laborales disconformes con la reforma. Miles de personas exigieron la derogación del decreto ley que reordena el sector público, porque creen que dará carta de naturaleza al "enchufismo". Los funcionarios han rearmado un fortín contra la Junta que apenas ha decrecido en intensidad desde hace seis meses.


Sobre el terreno, la Policía calculó que había 10.000 manifestantes. Los sindicatos convocantes elevaron la cifra hasta 50.000 [La administración general de la Junta cuenta con 52.000 funcionarios y laborales]. Ni el Cecop ni la Delegación del Gobierno ofrecieron cálculos más aproximados. Cabe señalar que cuando la cabeza de la marcha llegaba hasta la Puerta de la Carne, la cola aún estaba pasando frente a los juzgados: los manifestantes, con más o menos dispersión según el tramo, ocupaban en ese momento todo el largo de la Avenida Menéndez Pelayo: 1,7 kilómetros.


Fue una protesta pacífica en las formas, dura en los contenidos. Contra el presidente andaluz cayeron las rimas más envenenadas: "¡Griñán, mamonazo, retira el decretazo!; ¡Griñán, ladrón, privatiza tu sillón!; ¡Cateto, deroga ya el decreto!". Eran 14 los convocantes (entre sindicatos y plataformas). Los de mayor representación entre el funcionariado -CSIF, CGT, USO, Ustea, SAT y Safja- habían hecho correr la voz para que ningún empleado público se excediera. Querían distanciarse del tono bronco que usó la Plataforma de Empleados Públicos cuando anunció un boicot contra los actos del PSOE.

"Esta marea humana habla por sí misma. Si contaminamos nuestra protesta con algún gesto incívico, daremos la excusa a la Junta para que mañana hable de otra cosa o nos llame fascistas", decía un miembro de CSIF. Muchos de los manifestantes vestían camisetas naranjas con el lema: "No me dejo influenciar, no soy de ningún partido ni sindicato. Sólo soy funcionario".


La reforma del sector público es un asunto que ha enfrentado al Gobierno andaluz con los trabajadores de la administración general. Pero, a la larga, se ha convertido en el catalizador de todas las quejas que cada funcionario encuentra en su sector: por eso junto a los empleados públicos desfilaban ayer profesores, sanitarios, interinos, personal de Justicia...


La protesta dejó patente que no han cedido ni un centímetro a las demandas que defienden desde hace seis meses. Da igual que el Gobierno paralizase la tramitación del decreto ley después de la macroprotesta de noviembre (a la Junta le sobresaltó ver a 40.000 funcionarios gritando en la calle), o que la norma haya empezado a tramitarse como un proyecto de ley en el Parlamento, en un foro al que se ha invitado a los sindicatos discordantes. Los funcionarios se han instalado en el ultimátum: exigen la derogación del decreto ley porque creen que es ilegal y que servirá para colocar a dedo.


La reordenación pasa por la supresión de 111 empresas públicas por fusión o absorción en 14 agencias, en las que se integrarán 20.000 trabajadores externos y 3.000 funcionarios y laborales de la Junta. En el texto no dice que los empleados de las agencias vayan a equipararse a los funcionarios, pero los sindicatos temen que la norma da cobertura legal a esa posibilidad. Los pitidos, gritos de dimisión y tambores reflejaban ayer su indignación y nerviosismo.

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