La plantilla municipal de Los Palacios y Villafranca, que siguió en un 90% la huelga de tres días el pasado mes de febrero, ha debatido en asamblea las tres posibilidades que han barajado después de que el paro laboral de los pasados días 17, 18 y 19 de febrero no haya servido para cobrar las cinco nóminas que el Ayuntamiento les debe desde noviembre. Las acciones de presión eran o bien una manifestación, descartada por considerarse ineficaz; o bien una huelga de cinco días, que pareció una medida prima hermana del paro del mes pasado; o bien una huelga indefinida, que contó con un apoyo del 70%, un porcentaje que incluso a sus proponentes les pareció insuficiente. Finalmente, la totalidad de la plantilla secunda una concentración de trabajadores que marche andando hasta el Parlamento andaluz. Será el próximo jueves 10 de abril.
Ese día será, por tanto, una jornada de huelga, porque los empleados municipales no acudirán a sus puestos de trabajo, sino que emprenderán, al rayar el alba, un camino de más de 30 kilómetros hasta el Parlamento, por la N-IV. El presidente del comité de empresa, José Manuel Caballero, ha insistido en que «la idea es quemar estas posibilidades antes de que vayamos a lo que ya sabemos: la huelga indefinida». Los empleados municipales están ya tan desesperados, y muchos de los cuales tan habituados a la ayuda familiar y hasta a la caridad institucional, que una mayoría está dispuesta incluso a dejar de trabajar indefinidamente.
En las dos próximas semanas, la plantilla llevará a cabo una recogida de firmas entre la ciudadanía de este municipio de 38.000 habitantes, así como entre los partidos políticos de la Corporación, sindicatos y cuantas instituciones estén dispuestas a mostrar su apoyo a la búsqueda de soluciones que palíen una situación que va ya para tres años, pues desde junio de 2011, cuando el alcalde, Juan Manuel Valle, tomó las riendas de un Ayuntamiento que llevaba 24 años en manos del PSOE y que dejó dos nóminas por pagar, siempre han sido al menos tres pagas las atrasadas. El propio alcalde ha reconocido la incapacidad de la tesorería, no sólo porque la deuda global ascienda a la desorbitante cifra de 100 millones de euros, sino porque las nuevas condiciones del plan de pago a proveedores impuestas por Madrid exigirán, a partir de agosto, que este Ayuntamiento pase de pagar 300.000 euros trimestrales a 900.000.
El regidor palaciego ha remitido una carta a La Moncloa para pedir una reunión con Rajoy y ayudas extraordinarias más allá del adelanto de los fondos de la Diputación provincial. También ha anunciado «acciones contundentes» ante otras administraciones, así que el plan del regidor y el de los trabajadores parece coincidir por primera vez. Caballero insistía ayer en que «otras administraciones tienen que enviar ayuda extraordinaria».
Valle señaló ayer que «espero que me inviten, y que me respondan al ofrecimiento que les hice para movilizarnos todos juntos».
