Los funcionarios ha advertido de que mantendrán las movilizaciones y la presión en la calle contra los miembros del Ejecutivo andaluz hasta que se derogue el decreto ley sobre el sector público andaluz, norma que ha convalidado hoy en solitario el PSOE con la oposición del PP e IU.
Alrededor de doscientos funcionarios se ha concentrado esta tarde frente a las puertas del Parlamento de Andalucía para exigir la derogación del decreto de reestructuración del sector público que será tramitado como proyecto de ley a partir del acuerdo alcanzado entre la Junta, CCOO y UGT.
Los funcionarios, convocados por CSIF, USO y la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), se han concentrado ante la Cámara tres horas después de haber protagonizado una cadena humana en el Palacio de San Telmo -sede de la Presidencia de la Junta- para demandar la supresión del controvertido decreto.
Mientras los funcionarios protestaban en las inmediaciones de la Cámara legislativa, el pleno debatía una proposición no de ley del PP que insistía en derogar el decreto-ley y que fue rechazada por el PSOE.
Haciendo sonar vuvucelas, silbatos y bocinas, y ante una dotación policial que estaba en la puerta de la sede parlamentaria, los funcionarios han confirmado a los periodistas que mantendrán la "presión en la calle en todos y cada uno de los actos" en los que participen los miembros del Gobierno andaluz.
Durante la protesta, los trabajadores de la Junta han vuelto a reclamar la dimisión de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
"Por una administración imparcial y no politizada"; "Por la derogación del decreto" o "La Junta no se vende", rezaban las pancartas que portaban los funcionarios concentrados.
José Manuel García, portavoz de USO, ha cuestionado la voluntad de diálogo de la Junta sobre el decreto al sostener que "han optado por el acuerdo con dos sindicatos que no tiene representatividad entre los funcionarios".
El decreto -ha denunciado- es una "puerta falsa para la recolocación de personas ajenas a la función pública", al tiempo que ha expresado "más confianza" en las decisiones judiciales contra la norma que en las políticas.
"No pedimos negociar el decreto, pedimos su derogación porque perjudica gravemente a la función pública", ha sentenciado.
