Antes del verano, la Junta aprobó por decreto-ley, dentro de su plan de ajuste, dos medidas que soliviantaron a los trabajadores de su administración: recortar su salario como hizo el Gobierno central y un decreto de reordenación del sector para eliminar 111 empresas públicas aglutinadas, por fusión o absorción, en 14 agencias de nueva creación en cuya plantilla habrá funcionarios y laborales de la Junta y trabajadores externos de los entes públicos.
Todos los sindicatos plantaron cara a esta reforma en los tribunales -también el PP- y en la calle, y sobre todo tras la huelga del 29-S, proliferaron las imágenes de actos institucionales y del PSOE reventados por las pitadas de los funcionarios.
La Junta llegó a un acuerdo con UGT y CCOO para aprobar un nuevo decreto con algunos cambios que aclararaban que el traspaso a las nuevas agencias será voluntario para los 3.000 funcionarios y laborales afectados por la Junta, ya que la principal crítica de los sindicatos de clase era la pérdida de derechos laborales.
Pero los sindicatos de funcionarios intensificaron las protestas indignados por que la Junta llegara a un pacto con sindicatos que no son mayoritarios entre los funcionarios. Su crítica principal al texto es que abre la puerta a que 20.000 trabajadores externos de las empresas públicas entren en la administración sin opositar.
El Gobierno se enfrentó a masivas manifestaciones de funcionarios -la mayor de ellas, el 13 de noviembre, reunió en Sevilla a más de 20.000- y optó por parar el desarrollo del decreto y tramitarlo como Proyecto de Ley en el Parlamento para dar voz a todos los afectados. El trámite está en marcha pero un acuerdo global se antoja difícil y está pendiente que la justicia hable, ya que hay varios recursos admitidos a trámite.
