Los ayuntamientos ya pueden ordenar derribos de viviendas que incumplan flagrantemente la ley en el plazo de un mes y sin necesidad de esperar a la sentencia de un juez. El viernes entró en vigor el Reglamento de Disciplina Urbanística que la Junta ha elaborado para perseguir los desmanes del ladrillo y evitar que se repitan tropelías como en Marbella, Medina Azahara (Córdoba) o la Axarquía malagueña.
La norma es una hoja de ruta divulgativa para que los consistorios sepan cómo actuar en cada caso y refuerza las competencias de los municipios. Pero no sólo comprometerá a los alcaldes. A partir de ahora, registradores de la propiedad, colegios profesionales o empresas de suministros están obligados a avisar de las ilegalidades del ladrillo.
Todos los agentes implicados aplauden el espíritu de la normativa y confían en que sea útil para impedir los abusos, pero apuntan varios flecos. Los que realmente tendrán que aplicarla, los ayuntamientos, echan en falta una "mayor contundencia" y consideran "excesivo" el control que se ejercerá sobre los consistorios. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) -órgano que consensuó el reglamento con la Junta- y alcalde socialista de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, aseguró a El Correo que esperaba un documento "más arriesgado". La FAMP quería que un consistorio pudiera paralizar "inmediatamente" una construcción en suelo no urbanizable o rústico sin necesidad de abrir un expediente. "Igual que podemos retirar un coche mal aparcado", explica Toscano. Desde que un alcalde inicie el expediente y se lo comunique al infractor, el ayuntamiento tendrá un mes como fecha tope para dictar una resolución y, a partir de ahí, se dará un plazo máximo de dos meses para demoler la vivienda, siempre que ésta se asiente en suelo no urbanizable, en un parque natural, en equipamientos públicos o en primerísima línea de playa. El regidor nazareno insiste en que la "dilación sólo provoca que las cosas se perpetúen". "faltan medios". Las capitales y los grandes municipios ya saben cuáles serán sus obligaciones, pero muchos pueblos pequeños ni siquiera conocen el reglamento.
El Gobierno andaluz lo aprobó el 16 de marzo y dio un plazo mayor del habitual para su entrada en vigor, dada su complejidad -son 100 artículos-. La regidora de Sayalonga -municipio de la Axarquía, comarca donde más han proliferado las construcciones ilegales-, Lourdes Ruiz (PSOE), recuerda que su problema es la falta de medios para controlar las obras. Aunque cuenta con la colaboración de los inspectores de ordenación del territorio de la Junta, asegura que en materia urbanística caminan "a ciegas". "Teníamos un técnico que venía dos veces a la semana y por la crisis redujimos su trabajo", cuenta. La alcaldesa socialista celebra que haya "herramientas clarificadoras" porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es, a su juicio, inconcreta, pero sin personal para aplicarla, dice, "no servirá".
La normativa es especialmente severa contra las parcelaciones en suelo no urbanizable, es decir, la división sucesiva de parcelas en dos o más lotes que inducen a la formación de nuevos asentamientos y que generalmente han sido difíciles de combatir. En este punto, lo más novedoso es la implicación de los registradores de la propiedad, que tendrán que avisar a la administración si sospechan de parcelaciones ilegales. Deberán anotar si una casa tiene la licencia impugnada, está pendiente de juicio o ha quedado fuera de ordenación, cosa que hasta ahora no se hacía. Santiago Molina, el nuevo decano del Colegio Territorial de Andalucía Occidental de Registradores de la Propiedad y Mercantil, considera que el reglamento supone "un paso más" en el control urbanístico pero que en sí mismo no conllevará el "fin" de las parcelaciones ilegales, un tema que depende más de la "policía urbanística" que corresponde a los ayuntamientos. Los registradores, que han mantenido reuniones para coordinar la aplicación de la norma, piden que se especifique más qué casos deberán comunicar a la Junta para evitar papeleo innecesario.
El reglamento también reforzará la vigilancia de la legalidad por parte de los colegios profesionales. Los arquitectos, antes de visar los proyectos de licencias, tendrán que comprobar que se ajustan a las determinaciones urbanísticas y, si no es así, denegar la autorización. "Nosotros somos los grandes conocedores del planeamiento y estamos preparados para colaborar con los ayuntamientos", señala el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, Luis Cano. Junto a ellos, las empresas de suministros no podrán dar luz, agua, gas o teléfono a las viviendas que no acrediten disponer de la licencia de primera ocupación.
