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Los impagos de salarios se juzgan ya con más de tres años de retraso

El propio Consejo General del Poder Judicial ya advirtió de la saturación y pidió la creación de seis nuevos juzgados en Sevilla

el 26 feb 2012 / 20:18 h.

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Una funcionaria de uno de los juzgados de lo Social revisa un expediente, rodeada de papeles. / j.m. paisano (atese)

Si ya es dramático no cobrar la nómina a final de mes, más aún lo es tener que esperar en algunos casos más de tres años para poder recuperar el fruto de su trabajo. Esa es la situación en la que se puede encontrar si su caso acaba en uno de los 11 juzgados de lo Social de Sevilla, algunos de los cuales ya están señalando los juicios por reclamaciones de cantidad y otros asuntos para dentro de 38 meses, según denuncia el sindicato CSI-CSIF. Es decir, para el segundo trimestre de 2015, ya que están desbordados por la crisis. Los despidos sí se están resolviendo con más celeridad porque tienen prioridad, aunque igualmente acumulan retrasos. Jueces, funcionarios y abogados reclaman medidas que palien la situación.

Desde que se iniciara la crisis en 2008, el número de asuntos ingresados en estos juzgados, encargados de resolver todos los conflictos laborales, no ha parado de crecer. Despidos, impagos de salarios, reclamaciones a la Seguridad Social, todos estos asuntos desembocan en estos órganos que el año pasado recibieron 16.903 casos, frente a los 15.168 del año anterior. Esto implica que los jueces están trabajando un 63% por encima de la cifra de trabajo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cantidad que se incrementará no sólo por los efectos de la crisis, sino porque una modificación de la ley de la Jurisdicción Social le otorga más competencias a estos juzgados, en detrimento de los de lo Contencioso-Administrativo.

Los despidos que acabaron en los juzgados el año pasado fueron 4.614 casos, un asunto que tiene prioridad frente al resto. Y es que si un cese del contrato no es resuelto en menos de dos meses, si el despido es improcedente o nulo el Estado está obligado a hacer frente a los salarios de tramitación (es decir, el sueldo que debería haber cobrado si hubiera seguido trabajando). Por eso los despidos son prioritarios y todos los juzgados intentan llevarlos más o menos al día. Aún así, se están produciendo demoras de cuatro meses y hasta de siete meses.

Ese es el problema, pues de los 13 juicios que fijan los juzgados al día, todos salvo dos o tres son por despidos. Esto está provocando que los otros asuntos acumulen un retraso que ya supera los dos años en la mayoría de los juzgados, y tres en alguno en concreto. Y es que en los últimos años incluso están ingresando más reclamaciones por impagos de sueldos que despidos, pues el año pasado se contabilizaron 6.146, a las que hay que sumar las 3.201 a la Seguridad Social. Lo que está ocurriendo es un cuello de botella, que todos los profesionales del sector judicial están hartos de denunciar sin que sus protestas tengan respuestas. Por ahora, las únicas medidas que se han tomado han sido la de establecer refuerzos para los despidos, que duró unos seis meses; y el nombramiento de una jueza de refuerzo que trabajará seis meses con cada juzgado. Ya ha completado este periodo con el Juzgado de lo Social número 1, donde ha celebrado 420 juicios según el CSI-CSIF, y ahora pasará al 2. El problema es que para que pueda dar una vuelta completa por los 11 órganos tienen que pasar cinco años y medio. Demasiado.

La Junta de Jueces de los juzgados de lo Social, en la reunión celebrada el 4 de octubre de 2011, volvió a tratar este problema haciéndose eco del informe realizado por la Comisión General del Poder Judicial sobre la situación de los juzgados en España, en el que se "recomienda la inmediata creación de seis nuevos juzgados de lo Social en Sevilla".
Los magistrados alertan del "daño irreparable" que se está causando a la ciudadanía, y por ello, creen que al menos tres de estos seis nuevos órganos que solicitan se deberían crear de forma urgente, además de "adoptar medidas temporales de refuerzo mientras tanto subsista la crisis económica, financiera y del empleo que padece este país". De hecho, el refuerzo nombrado les parece "insuficiente" y creen que, junto con la jueza de auxilio, el juzgado al que sea asignada debería contar también con "dos funcionarios" más.
Junto con los jueces, los abogados, los funcionarios y los graduados sociales también han pedido a las administraciones responsables refuerzos urgentes. El sindicato de funcionarios CSI-CSIF es uno de los más críticos con la situación, acusando a la Junta de Andalucía de tener "abandonados" estos juzgados "que tienen la delicadísima misión de salvaguardar los derechos de la parte más débil y desfavorecida de la relación laboral, el trabajador". El responsable de Justicia del sindicato en Sevilla, Miguel Ángel Ramos, considera también que es "absolutamente inaplazable la creación de tres nuevos juzgados", asegurando que "no se puede esperar ni un minuto más el nombramiento de refuerzos para todos los juzgados".

Otra opción que plantea su sindicato es que se "aprueben nuevos planes de servicios extraordinarios para trabajar por las tardes con cobertura legal", ya que ahora mismo los funcionarios se están viendo obligados a acudir a sus puestos por las tardes, sin cobrar ni percibir ninguna prestación a cambio, para "que su negociado no se colapse". Para el CSI-CSIF la administración "está dando la espalda" a los juzgados y a los trabajadores, para los que "es insostenible" tener que esperar hasta abril de 2015 para celebrar un juicio.

Una situación que ha tenido que reconocer hasta el propio Ministerio de Justicia, en una respuesta parlamentaria a IU, al indicar que en la actualidad los 11 juzgados están trabajando "por encima del módulo".

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