El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos consideró que una de las consecuencias "a corto plazo" de la decisión del Gobierno de cerrar la central de Garoña será la elevación del precio de la electricidad, puesto que actualmente dicha central aporta energía de bajo coste al Sistema Eléctrico Español, y, en caso de cerrarse, esa energía sería sustituida por otras tecnologías de mayor coste.
Así, considera que antes de decidir se debería haber abordado "desde la seguridad al grado de dependencia energética del país, pasando por los costes de la energía, los factores medioambientales, la garantía del suministro, el ahorro y la eficiencia, y la limitación de la emisión de gases de efecto invernadero, dentro de un marco de desarrollo sostenible".
