Permitirá hacerlo a aquellos inmigrantes que se hayan quedado parados (573.210 según los datos de septiembre, un 14,34% más que hace un año) pero cuyas parejas -sean matrimonio o pareja de hecho- trabajen y cumplan los requisitos económicos para permanecer en España.
El director general de Inmigración del Ministerio, Markus González, avanzó a Europa Press que entre las medidas que el Gobierno estudia para "facilitar las renovaciones automáticas", también se cuentan la reforma del arraigo social para que los extranjeros en situación irregular puedan obtener un primer permiso de residencia tras probar que han pasado dos años en el país, y no tres años como se exige hasta el momento.
Actualmente, para obtener el arraigo social, los inmigrantes deben acreditar además de al menos tres años de residencia, que no tienen antecedentes penales y que cuentan con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario cuya duración no sea inferior a un año. También tienen que probar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe que respalde su inserción social emitido por el ayuntamiento del municipio en el que residan.
El director general de Inmigración también se refirió a la Ley de Acogida catalana aprobada por el Parlament el pasado abril y recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Defensor del Pueblo. González señaló que de momento el TC "se ha limitado" a admitir a trámite el recurso del Defensor pero "aún no se ha pronunciado sobre si tiene o no fundamento", por lo que rehusó hacer valoraciones.
La Ley de Acogida ofrecerá un certificado de integración a los inmigrantes que sigan la formación del servicio de primera acogida, que incluye 135 horas de cursos básicos de catalán.
