Local

Los inmigrantes llevarán al Constitucional el veto de Vic

El Gobierno catalán garantiza que sí se podrán empadronar.

el 19 ene 2010 / 21:18 h.

TAGS:

Un grupo de bolivianos hace cola en la puerta del consulado de su país en Sevilla.

Las asociaciones de inmigrantes Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú anunciaron ayer que estudian acudir al Tribunal Constitucional si se cumplen las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Vic, que prevé no permitir el empadronamiento de los inmigrantes que estén en situación irregular.


En un comunicado conjunto, las asociaciones denunciaron la "irresponsable manipulación" de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local "con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas".


"El impedir el empadronamiento de personas que se hallan en situación administrativa irregular se considera una flagrante violación de los derechos constitucionales y bordea toda ilegalidad jurídica. Las leyes antes mencionadas obligan a los ayuntamientos a empadronar a todos los vecinos independientemente de su situación administrativa", afirmaron. Además, recalcaron que dicha medida tendría consecuencias sobre aspectos básicos como la salud y la educación, ya que sin empadronamiento no se puede acceder a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización, privando así de dos derechos fundamentales.


También, según ellas, dificultaría los procedimientos legales disponibles y las oportunidades de desarrollo, porque complicaría trámites básicos para obtener la residencia legal en el país (arraigo). Por todo ello, advirtieron de que estarán "vigilantes" para que este intento de "lepenización" de la sociedad española "no se traduzca en la implementación de medidas discriminatorias contra las personas por su raza o nacionalidad".
Mientras, el consejero catalán de Obras Públicas, Joaquín Nadal, aseguró ayer que el Gobierno catalán "no admitirá" el uso "partidario, oportunista y demagógico" de la inmigración, y garantizó que los ayuntamientos catalanes seguirán empadronando inmigrantes irregulares.


El consejero de Obras Públicas también apuntó que "si algo hay que hacer para evitar alterar la convivencia es no esgrimir como arma electoral el miedo a la inmigración", e instó a los consistorios catalanes "a tratar a los inmigrantes según las exigencias estrictas de sus derechos y deberes". También señaló que "tendría que quedar claro que el valor principal a salvaguardar es la convivencia y la cohesión social", y precisó que el Gobierno está "lejos de las posiciones radicales del ‘papeles para todos'".


patronal catalana. Mientras, el presidente de la patronal catalana de pymes, Pimec, Josep González, avivó el debate al reclamar una mayor presencia policial en Barcelona y el endurecimiento de la normativa para combatir la inseguridad que afecta a los comercios.


En declaraciones al diario El País, González consideró que el "flujo de entrada de inmigrantes que no tienen la ética que tenemos aquí ha hecho subir el nivel de inseguridad".


Por contra, el coordinador económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, defendió ayer los efectos "positivos" para la economía española de la llegada de los inmigrantes al país y rechazó que "la izquierda y algunos partidos políticos" revelen su cara "xenófoba" y digan que no se "pueden empadronar".


"Hay que reconocerles a todos sus derechos", aseveró el dirigente popular antes de señalar que el crecimiento del empleo en España entre 1995 y 2007, que llegó a los 20 millones de ocupados, "llamó" a cuatro millones de inmigrantes, que se integraron en el desarrollo nacional.

  • 1