Sólo 14 inmigrantes se han acogido en Sevilla al plan de retorno voluntario impulsado por el Gobierno para los desempleados de origen extranjero. Muy al contrario, la población inmigrante empadronada en la ciudad ha aumentado un 19% durante el año 2008, alcanzando las 29.954 personas y el porcentaje más alto respecto a la población total registrado hasta ahora: un 4,28%, todavía bastante por debajo de los niveles de las principales capitales españolas.
El incremento de empadronados y la reducida cifra de personas que han optado por el retorno empujan a una reflexión crítica sobre las repercusiones de la crisis en la población inmigrante y las medidas adoptadas para ayudarles a volver a sus países de origen. El filósofo y politólogo franco-argelino Sami Nair decía el domingo en una entrevista en este periódico que los inmigrantes residentes tienen los mismos derechos que los ciudadanos nativos del país, que tienen incluso derecho a vivir los tiempos difíciles en el lugar que han elegido para trabajar, contribuir y educar a sus hijos. Y, aunque la opción del retorno voluntario fue promovida como una medida de apoyo social, el hecho de que no se haya producido una desbandada de inmigrantes parece confirmar que su efectividad es menor de la esperada.
Ahora bien, por mucho que se resistan al retorno, buena parte de los inmigrantes no disfrutan de unas condiciones de vida aceptables. Hacinados en viejos pisos que les cobran a precio de oro y que se ven obligados a compartir con otros compatriotas, la mayoría de las veces no pueden acogerse a medidas de reagrupamiento familiar por falta de una vivienda para sus hijos o esposos. El Gobierno prevé un endurecimiento de las exigencias mínimas de renta y habitabilidad de sus alojamientos si desean quedarse en el país, aunque es probable que fuera más justo un endurecimiento de los controles sobre las empresas que los contratan, los salarios que les dan y los alquileres que les cobran.
