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Los jueces apoyan el proyecto para reducir partidos judiciales

Los abogados se muestran “cautos” ante un plan “embrionario”, pero los funcionarios lo rechazan.

el 04 may 2012 / 20:37 h.

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La propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reducir el número de partidos judiciales, que dejaría a Sevilla con cuatro en lugar de quince, no ha tenido la misma acogida entre los diferentes sectores judiciales. Los funcionarios la rechazan, los abogados se muestran cautos y los jueces se muestran partidarios, ya que creen que es el primer paso para conseguir una Justicia más moderna y agilizada, que se adapte a las nuevas necesidades.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, que participó en las reuniones con los diferentes decanos a nivel nacional, consideró que “la modernización de la Justicia comienza por la agrupación de los partidos judiciales, donde se podrán establecer ahora todo tipo de servicios y que no sean sólo las capitales las que dispongan de ellos como ocurre actualmente”. Jiménez Ballester explicó que en la actualidad con tantas demarcaciones judiciales no se puede contar con todos los servicios en todas las cabeceras, ya que muchas de ellas disponen de uno o dos juzgados.

Así recordó que jurisdicciones como la de lo Contencioso-Administrativo o lo Social “ya se crearon pensando en un ámbito provincial”, sin que ello suponga que se ofrece un peor servicio a los ciudadanos de fuera de Sevilla. Además, aseguró que esta reordenación “no va a suponer una reducción del número de jueces ni tampoco de funcionarios”, aunque sí habrá que reorganizar los juzgados tal y como los conocemos hoy en día. El decano apostó por la fórmula de tribunales territoriales en los que una plantilla de funcionarios estén a disposición de varios jueces, “como se trabaja ya en otros países como Francia”.

El decano también aclaró que el plan propuesto por el CGPJ no se pronuncia sobre cuáles son las sedes actuales que se deberán suprimir. “Puede que los juzgados de Sanlúcar la Mayor se trasladen a Sevilla y haya que reubicar las sedes judiciales actuales de la capital, pero también puede que se mantenga algunas oficinas para entrega de documentos”. Asimismo, dijo que tampoco cree que las sedes se agrupen en las poblaciones mayores, sino que habrá que hacerlo pensando en la movilidad. “No tiene sentido que la cabecera de partido esté en Cazalla, pero tampoco en Carmona, sino en un municipio intermedio”, señaló.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, prefirió mostrarse “cauto” ante “un mero proyecto inicial del CGPJ cuyos múltiples matices se desconocen”. Gallardo recordó que se trata de una “propuesta” del CGPJ, pero que será el Ministerio de Justicia el que tendrá que decidir si se lleva a cabo o no, “tras un debate en el que también tendremos que participar los abogados”. El decano recordó que la reforma de la Justicia va más allá de un “mero cambio de demarcaciones”, lo que implica una inversión que “difícilmente es asumible en los tiempos que corren”. Por eso, el decano prefirió no entrar a valorar un proyecto, “con el que tendremos puntos de consenso y otros de rechazo, que es aún “prematuro”.

En un sentido similar se expresó el responsable de Justicia en Sevilla del CSIF, Miguel Ángel Ramos, quien cree que se quedará en “papel mojado” por la inversión que requiere. No obstante, el sindicato se opone a una reforma que “dificultará al ciudadano el acceso a la Justicia”, después de que “en plena crisis ya se hayan subido las tasas judiciales”. Ramos también hizo hincapié en cómo afectará a la plantilla de funcionarios, que se verán obligados a trasladarse de municipio con este cambio.

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