La Audiencia de Sevilla confirma que será un jurado el que juzgue el denominado caso Camas. Los magistrados desestiman los recursos de las defensas que se oponían a que un tribunal popular decidiera sobre la inocencia o culpabilidad de los cinco procesados -cuatro munícipes y un empresario- por un presunto intento de soborno a una edil.
Los magistrados de la Sección Tercera, tras la vista celebrada el pasado mes de febrero, optan por que el conocido como caso Camas sea juzgado por un tribunal popular. Los cinco procesados -entre ellos el ex alcalde de la población, Agustín Pavón (IU)- están acusados de un delito de cohecho, por el presunto intento de soborno a una concejal ofreciéndole 12.000 euros para dirigir su voto a favor de unas cuestiones urbanísticas en un pleno, cantidad que subiría cuando votara.
La Ley del Jurado establece que este tipo de delitos son competencia de estos tribunales populares, de ahí que, tras valorar los recursos de las defensas de los acusados, los jueces no hayan visto ningún motivo para que la causa sea juzgada de otra manera, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
Con este auto se resuelve uno de los tres recursos que se deliberaron en la vista. De esta forma, quedan aún dos pendientes de resolver, uno de ellos de gran importancia porque en el mismo los letrados solicitaban la nulidad del auto del 8 de septiembre de 2005 que autorizó a la Policía Nacional a llevar a cabo las escuchas telefónicas, con lo que una de las principales pruebas contra los acusados no tendría validez. La tesis de los letrados es que el juez no tenía motivos suficientes para autorizarlas, mientras que el fiscal defendió en la vista su validez, si bien admitió que era "mejorable". Está todavía pendiente un cuarto recurso, cuya fecha para la vista oral no esta fijada.
En la causa además del ex alcalde, están acusados los ex ediles del PP Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas -este último de Castilleja de Guzmán- y el del PA José del Castillo, así como el empresario Eusebio Gaviño, para los que el fiscal pide un año y medio de prisión y 24.000 euros de multa.
