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Los jueces convocan una protesta por su 'hartazgo'

Las cuatro asociaciones de jueces han acordado convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el "malestar" y "hartazgo" de la carrera y han advertido de que si no se cumplen sus reivindicaciones convocarán una huelga en junio.

el 15 sep 2009 / 21:03 h.

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Las cuatro asociaciones de jueces han acordado convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el "malestar" y "hartazgo" de la carrera y han advertido de que si no se cumplen sus reivindicaciones convocarán una huelga para el día 26 de junio.

Esta es una de las conclusiones de la reunión que ha celebrado la Comisión Interasociativa Permanente, compuesta por los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

Con esta iniciativa pretenden evitar que el próximo 18 de febrero los jueces vayan a la huelga, medida sin precedentes que han aprobado algunas juntas de jueces como las de Murcia o Extremadura y que será estudiada por éstas el próximo 21 de enero.

Según ha explicado a los periodistas el portavoz de la AJFV, Lorenzo del Río, el objetivo del citado acto de protesta, que podría consistir en una concentración de cinco minutos o un cuarto de hora en las sedes judiciales, es "demostrar a la opinión pública el sentimiento generalizado" de la carrera judicial.

En esta reunión han consensuado una tabla común de reivindicaciones, entre las que se encuentra la urgente instauración de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados y una revisión en profundidad de la actual planta judicial.

Para las asociaciones de jueces es necesario que se adopten medidas de presión para la consecución de dichos objetivos y así han acordado el acto reivindicativo, que, según Del Río, estará precedido de una rueda de prensa conjunta en Madrid.

El acuerdo también incluye el anuncio de la convocatoria de huelga para el próximo 26 de junio "si no hay antes respuestas satisfactorias a estas reivindicaciones".

Los representantes de las asociaciones trasladaran ahora su propuesta a las respectivas ejecutivas para que sea ratificada antes del próximo 6 febrero y, en caso de no conseguir esa ratificación, "cada asociación actuará con plena libertad de decisión y actuación".

Las asociaciones, que representan al cincuenta por ciento de la carrera judicial, trasladarán este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia a fin de que fijen un calendario de negociación y "derivados compromisos públicos".

Además, lo someterán al conocimiento de todas las juntas de jueces convocadas para el próximo 21 de febrero para que sean asumidas y apoyadas.

El pasado mes de noviembre en las juntas celebradas en toda España, los jueces acordaron volver a reunirse el próximo 21 de febrero para decidir si van a la huelga, aunque algunas -como las de Murcia o Extremadura- aprobaron directamente la convocatoria de un paro para el próximo 18 de febrero.

Según Del Río, "lo que se busca es el mayor consenso de las asociaciones y del colectivo judicial, que no se produzca una fractura en la carrera y agotar las posibilidades".

Por su parte, los portavoces de la APM y de JpD, José Antonio Ballesteros y Miguel Ángel Gimeno, respectivamente, han hecho hincapié en que con la decisión adoptada hoy tratan de transmitir "un mensaje de unidad".

"Pedimos una negociación y ofrecemos una predisposición al diálogo", ha concluido Ballesteros.

El objetivo del documento reivindicativo firmado es "dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos", para lo cual, según consta en el documento, "exigen el respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial como fundamento del Estado Democrático de Derecho".

Entre las reivindicaciones también figura que las reformas procesales para implantar la Oficina Judicial mantengan la competencia de los jueces para fijar los señalamientos, competencia para la que el proyecto del Ejecutivo faculta a los secretarios judiciales, y medidas para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar.

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