Las asociaciones de jueces han acusado al Ministerio de Igualdad de lanzar un mensaje “confuso, por lo ambiguo, y equívoco, por lo genérico”, que pone de manifiesto su pretensión de “cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas” de los casos de violencia de género. Responden así a las declaraciones del delegado de Gobierno en esta materia, Miguel Lorente, sobre “la falta de equiparación” entre las más de 500 mujeres en “riesgo alto o extremo” y las 369 pulseras GPS activadas, que, según él, dependen de “la valoración de las sedes judiciales”.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, señaló ayer que “cualquiera que piense con un mínimo de sentido común” verá como “evidente” que, “cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas”. Asimismo, indicó que afirmaciones como las de Lorente “no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y concretos”.
“Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso”, apostilló García, a la vez que insistió en que considera esta manifestación como “demagógicas”, ya que “contribuye muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones”, además de “poner gratuitamente y de forma irresponsable en tela de juicio el buen hacer de los jueces españoles”.
Por su parte, el PSOE pidió a las víctimas de violencia de género que denuncien las agresiones y “confíen en el sistema”, mientras que el PP calificó de “preocupante” el balance del primer semestre de 2010, con 33 mujeres muertas (y 42 hasta el 4 de agosto), un 26% más que hace un año.
