Los jueces de Sevilla destinados en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo han acordado limitar a un máximo de 350 las sentencias que dictará anualmente cada profesional, así como limitar la entrada de nuevos asuntos, todo ello debido a la actual situación de "colapso" y para garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos.
El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha informado a Europa Press de que los jueces de lo Contencioso han celebrado en la mañana de este jueves una junta sectorial a fin de debatir la adopción de medidas como la 'autorregulación' de la carga de trabajo, ya que la actual carga es inasumible y ello repercute en la "salud laboral" de los profesionales.
De este modo, y según ha indicado Francisco Guerrero, los jueces de los órganos de lo contencioso-administrativo reunidos en el edificio Viapol de la capital hispalense han acordado dictar un máximo de 350 sentencias cada año, ya que, en la actualidad, el número de sentencias anuales es "bastante mayor" en la mayoría de los casos.
Asimismo, y sobre la base de un proyecto realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que por el momento no ha sido aprobado, los jueces han decidido que el número de nuevos asuntos que entra anualmente en cada juzgado se sitúe entre 432 y 518, más otros 100 "repetitivos", sobre "los que no hace falta entrar a razonar ni argumentar".
A la reunión, celebrada a las 13,00 horas de este jueves, han asistido un total de once jueces, además del propio juez decano, quienes no se han pronunciado sobre la posibilidad de llevar a cabo concentraciones, paros parciales u otro tipo de medidas, como una huelga, "al no estar en el orden del día".
NUEVAS JUNTAS SECTORIALES
Guerrero ha convocado para el próximo día 9 de octubre una junta de los jueces de Primera Instancia, Mercantil y Registro Civil, mientras que la idea es convocar a lo largo del mes de octubre las juntas de los jueces de Instrucción, Menores o de lo Social, entre otros, además de una junta provincial.
Hay que recordar que, el pasado día 21 de septiembre, tanto la Junta General de jueces de Sevilla como los magistrados de la Audiencia Provincial y los fiscales acordaron por unanimidad adherirse a las protestas promovidas por los jueces decanos de toda España y las asociaciones de jueces y fiscales a través de la Comisión Interasociativa, que mostraron su rechazo a los recortes y las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el caso de los jueces destinados en los órganos unipersonales sevillanos, el juez decano criticó el "vaciamiento" de la independencia y del poder judicial; la "ausencia" de voluntad política para modernizar la Justicia; la ausencia de inversión y el "recorte" en medios materiales y personales, que deriva en un "generalizado" e "inaceptable" retraso en los señalamientos, o la congelación de plazas judiciales.
