Los jueces de lo Penal han pedido a la Junta que prolongue la jornada laboral de los funcionarios y que se contrate a un segundo secretario judicial en cada sala para poder paliar el colapso de sus procedimientos. Sería una salida transitoria, afirman, hasta que se abran los seis juzgados que faltan con urgencia.
El acta que levantaron los jueces de lo Penal tras la Junta de Magistrados que tuvieron el viernes es un análisis contundente de la situación en que se encuentran los juzgados de Sevilla y sus "necesidades de planta, medios materiales y personales". Por unanimidad, los jueces solicitaron a la Consejería de Justicia la "prolongación de la jornada de los funcionarios que prestan servicios en los juzgados de lo Penal" y que se "refuerce" con dos funcionarios del Cuerpo de Gestión o Tramitación cada uno de esos juzgados "de forma inmediata y con carácter permanente". A este sobre esfuerzo habría que sumar el nombramiento de "un segundo secretario judicial para cada juzgado", una petición que los jueces elevan al Ministerio de Justicia, que es el competente.
Dejan claro que se trata de una medida que debe completarse con otras dos fundamentales: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "por la que se encomienda a los juzgados de instrucción la ejecución de las sentencias por delito dictadas por éstos" y la revisión, por parte del Consejo General del Poder Judicial del módulo de entrada de asuntos en los juzgados de lo penal, "debiendo tenerse en cuenta el incremento de las ejecutorias".
Hasta que las administraciones y el órgano de gobierno de los jueces no muevan ficha, los magistrados de lo Penal han acordado dejar de señalar juicios en junio y diciembre, "con la finalidad de un eficaz control de los procedimientos que tienen a su cargo". Sólo las causas "preferentes" y los juicios rápidos se mantendrán; el objetivo es que la atención sobre cada caso sea más exhaustiva.
El acta de la junta constata que las condiciones de saturación de estos juzgados obligan a tomar medidas urgentes para ajustar el volumen de asuntos a la capacidad de cada uno de ellos. Para comenzar, reclaman la creación de seis juzgados más en Sevilla, de los que tres tendrían competencias para ejecutar sentencias de conformidad dictadas por los juzgados de instrucción. Ese aumento es indispensable, entienden, ya que la provincia tiene 13 juzgados de lo penal desde diciembre de 2002, es decir, hace seis años que no se ha ampliado el servicio.
Y no se ha ampliado, denuncian, pese a que se han producido acontecimientos que han incrementado su carga de trabajo. A saber: han entrado en funcionamiento cuatro juzgados de violencia contra la mujer y cuatro más en los diferentes partidos judiciales de la provincia; hay nuevos delitos (violencia doméstica, seguridad vial, etc.) y se han implantado los juicios rápidos.
La del viernes es la segunda junta que se convoca tras el paro judicial del 21 de octubre; la primera fue el miércoles y reunió a los profesionales de primera instancia. A la reunión de Penal acudió Rafael Tirado, el juez sancionado por su dilación en la detención de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz, caso que ha abierto el debate sobre el colapso de la Justicia española.
