Los jueces de Marchena piden mejoras en las instalaciones del partido judicial, que atiende también a Paradas y Arahal. Según aseguran, son necesarios más medios materiales y un aumento de la plantilla para atender los asuntos judiciales que en 15 años han aumentado en un 300%.
Coincidiendo con la huelga de secretarios judiciales del martes, los jueces Juan José Toscano Tinoco y Jesús López Martín emitieron un comunicado por el que se adhieren a las reivindicaciones de los profesionales de la justicia de todo el país.
En él, los magistrados piden un "efectivo y útil desarrollo de la oficina judicial, con dotación de medios materiales y personales suficientes" solicitando un incremento de la plantilla actual que reconocen es insuficiente. Según este comunicado, la plantilla del juzgado de Marchena "hace 15 años que no se aumenta, habiéndose incrementado en este periodo un 300% el número de asuntos tratados".
Así, según su denuncia, "el número actual de funcionarios es harto insuficiente para atender el número de asuntos ingresados". También piden el establecimiento "racional y real" de un sistema de control horario de trabajo de los funcionarios "de manera que se asegure su efectivo cumplimiento".
Carencias . La sede del juzgado marchenero adolece, según el comunicado, de deficiencias estructurales "que impiden el ejercicio de la función judicial y la atención a los ciudadanos con un mínimo de dignidad y seguridad".
Señala, además, que el edificio se encuentra apuntalado en su planta alta, la instalación telefónica y eléctrica es deficiente, de modo que la energía eléctrica se corta habitualmente dificultando las labores de guardia. La ubicación del servidor informático es inadecuada "sin los medios adecuados para su correcto funcionamiento, tiene filtraciones de agua en el tejado, que provoca inundaciones en el archivo que se repiten sin adoptarse medidas".
Los magistrados lamentan también que "los retretes son insalubres y no diferencian entre los destinados al público y al personal del juzgado". La falta de accesos para minusválidos y de medios para evitar la confrontación víctima-agresor o las ruedas de reconocimiento son otras quejas. También piden planes de mejora de la formación y reciclaje del personal interino y funcionario. Por último, aseguran que se tardan hasta dos meses en cubrir las bajas laborales del funcionariado.