La droga almacenada en los depósitos de la Policía Nacional y la Guardia Civil es un problema que quedó patente tras el robo de 150 kilos de los calabozos de la Jefatura de Blas Infante. Una situación que se abordará hoy en la junta de jueces de Instrucción, que entre los puntos del día tiene acordar una serie de medidas que fueron propuestas por la Fiscalía en una circular y que la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial insta a todos los juzgados nacionales a cumplir.
En un documento, fechado el 16 de diciembre y remitido al presidente de la comisión provincial, se recoge que en la última reunión de este organismo "se volvió a tratar el tema de los depósitos de droga, estupefacientes y psicotrópicos, y de su posterior destrucción", tras lo que "se comentó favorablemente la circular interna de la Fiscalía especial Antidroga y las medidas que en ella se indican para tratar de mejorar tanto las destrucciones como los almacenamientos". La conclusión fue que las acciones "siguen siendo muy pobres", ya que en los almacenes se mantienen grandes cantidades de droga porque "o no se dan las oportunas órdenes de destrucción (...), o debido a la falta de depósitos o a su escasa capacidad".
Por ello, la comisión acordó remitir un escrito a las diferentes autoridades implicadas (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y a las audiencias provinciales, entre otros) "para ponerles en antecedentes de la imposibilidad de mantener grandes cantidades de drogas, que en algunos casos llegan a descomponerse y que son causa de problemas de salud pública y seguridad". Además, insta a que "se les haga llegar a las juntas de jueces la necesidad de ordenar la destrucción de drogas con la máxima celeridad".
En su circular la Fiscalía va más allá y, aunque no hace alusión directa al caso de robo de droga en Sevilla, sí dice que estos depósitos suponen "un peligro para la salud pública, e incluso para la eventual comisión de nuevos delitos". Por ello, el Ministerio Público sugiere "unas pautas de actuación" para facilitar "al máximo la destrucción anticipada de dichas sustancias, de modo que únicamente queden depositadas muestras suficientes para la realización de las pertinentes comprobaciones o contraanálisis".
Unas medidas que hoy serán expuestas a los jueces de Instrucción y que se someterán a debate y aprobación, según explicó Ballester. Así, serán los jueces quienes determinen qué alijos son los que se pueden destruir, ya que si se han hecho todas las pruebas pertinentes no es necesario conservar todo el alijo. "No hay espacio suficiente ni medidas adecuadas para almacenar la droga", explica el juez decano. De hecho, la propia juez que investiga el robo de la droga comprobó in situ la falta de "medidas", ya que no existe un almacén adecuado para custodiar los alijos incautados.
Medidas de la Fiscalía
Información del alijo. Antes de la destrucción hay que recabar datos del alijo y del estado del proceso penal.
Un fiscal para el seguimiento. En las provincias que no exista un fiscal Antidroga (Sevilla lo tiene) designar un coordinador para llevar un seguimiento.
Instar a la destrucción. Una vez identificados los alijos, si no se han destruido, instar "tan pronto como sea posible" a eliminarlos, dejando muestras para posibles análisis posteriores.
Controlar la orden de destrucción. Se debe realizar un seguimiento para comprobar si el juez ordena o no la destrucción.
Destrucción efectiva. Igualmente se debe controlar que una vez dada la orden, ésta se haga "efectiva". El centro de Inteligencia contra el crimen organizado se encarga de los traslados a los lugares de destrucción.
En el juzgado de guardia. Aprovechar el momento de la detención para acordar la destrucción de lo que se le incaute al imputado.
Sentencia firme. Comprobar que una vez que la condena sea definitiva se ha destruido la droga.
