Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla están aplicando un criterio de actuación en los recursos presentados por los fraudes detectados en el proceso de escolarización en los centros concertados que está modificando las reglas del juego diseñadas por la Consejería de Educación. Desde julio hasta este octubre, cerca de 200 niños sevillanos han entrado en centros católicos a pesar de que su proceso de admisión contenía irregularidades. Los jueces entienden que a sus padres les asiste el derecho constitucional a elegir la educación religiosa que consideren oportuna para sus hijos y que éste se sitúa por encima de los supuestos fraudes que hayan podido cometer en la matriculación. La consecuencia es que cada vez que se les presenta un recurso por este asunto están decidiendo, como medida cautelar, que los niños sean inscritos en el colegio que han elegido en primera opción. Como consideración previa, conviene subrayar que nadie puede negarle a estos padres la potestad de usar el Estado de Derecho para conseguir sus fines: les ampara la ley y no hacen más que luchar por el porvenir de sus hijos. Ahora bien, es muy discutible el resultado de estos recursos: una escolarización a la carta que deja en manos de los jueces la decisión de quien entra o no en un colegio. Esta facultad no corresponde al poder judicial sino al político, en este caso a la Junta, que es la administración que organiza y gestiona el sistema educativo en la comunidad. Lo que hacen los jueces con la aplicación de una doctrina tan garantista es suplantar el papel de los gestores educativos. Una actitud que genera problemas a corto y a largo plazo. A corto porque suma alumnos a unas aulas que corren el riesgo de masificarse y a largo porque aparca el problema los dos o tres años que dura de media un proceso judicial de estas características, pero, al final, el conflicto sale de nuevo a la superficie y el niño afectado termina siendo expulsado.
