Tal y como se venía anunciando, el pleno del CGPJ confirmó ayer la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado por los retrasos en ejecutar la sentencia al presunto asesino de Mari Luz. La decisión ha crispado aún más la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo. La Fiscalía va a recurrir al Supremo.
La sanción al juez Rafael Tirado abrió un debate en el que el Gobierno no dudó en posicionarse. Diferentes miembros del Ejecutivo y el propio José Luis Rodríguez Zapatero se mostraron abiertamente a favor de la mano dura contra el magistrado que no encarceló a Santiago del Valle, el presunto autor de la muerte de Mari Luz, solicitando para él los tres años de suspensión -lo que incluso implicaba el traslado forzoso del juzgado de lo Penal 1 de Sevilla- que proponía la Fiscalía General del Estado, que ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Supremo.
La clara posición del Ejecutivo de Zapatero y, la aparente intención de presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ponía en cuestión la independencia del Poder Judicial, que ayer quedó patente con su decisión: mantener la sanción de 1.500 euros por falta grave. Más que la sanción a un juez, ayer también se juzgaba la independencia del nuevo pleno del órgano de gobierno de los jueces, compuesto en su mayoría por vocales propuestos por el PSOE. La respuesta fue tajante, pese a la presión de la opinión pública y de los políticos: 14 de los 21 vocales votaban a favor de confirmar la multa que la comisión disciplinaria impuso a Tirado, dejando muy claro sus argumentos, que para muchos serán incomprensibles.
Los miembros del pleno han argumentado su decisión en que la conducta de Tirado se encuadra en un retraso injustificado consecuencia de una desatención leve, que ha provocado el retraso en una sola ejecutoria, sin que se haya repetido un caso similar, por lo que no puede ser considerada muy grave, según explicó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, tras la celebración del pleno.
En este sentido, la portavoz ha explicado que se ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo y que ha presidido "el interés de aplicar por encima de todo la legalidad vigente". Además, ha negado que la decisión sea fruto del corporativismo, pese a que en la votación se ha impuesto una "amplia mayoría" de los vocales procedentes del mundo judicial.
De hecho, de los cinco vocales que han propuesto elevar la sanción hasta los seis meses de suspensión, ninguno de ellos es juez. Estos han sido, los vocales nombrados por el PSOE José Manuel Gómez Benítez (jurista), la propia Bravo (fiscal) y Almudena Lastra (fiscal); además de los propuestos por PNV y CiU Margarita Uría (ex diputada de PNV) y el abogado Ramón Camp. De los vocales que han votado a favor de confirmar la multa sólo Antonio Dorado (secretario judicial) y Claro José Fernández (subsecretario de Estado de Medio Ambiente) no son de extracción judicial.
En cuanto al resto de la votación, sólo hubo un voto a favor de cambiar la multa de 1.500 euros por la suspensión durante dos meses, el de Félix Azón, que ha sido el instructor del expediente abierto a Tirado y que, paradójicamente, había propuesto en su breve informe confirmar la multa o, en caso contrario, alejar al juez de la carrera judicial de uno a seis meses. Sólo Concepción Espenjel, propuesta por el PP, votó a favor de la absolución del magistrado. El resto, ocho del PP (el presidente del CGPJ, Carlos Dívar; Gemma Gallego; Fernando de la Rosa; Pío Aguirre; Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández y Antonio Montserrat), es decir, todos menos Fernando de Rosa; y cinco de los nueve vocales del PSOE (Margarita Robles, Miguel Carmona, Carles Cruz, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres Vela).
Al Supremo. El resultado de la votación implicaba, por un lado, que el pleno rechazara de lleno el recurso presentado por los letrados de Rafael Tirado y, por otro, el de la Fiscalía, que reclamaba tres años de suspensión por una falta muy grave. Sin embargo, el de ayer no es ni mucho menos el último capítulo de la sanción al juez Tirado, sino que el caso se decidirá finalmente en el Tribunal Supremo, que es quien tendrá la última palabra.
De momento, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que va a recurrir la decisión, con lo que, aunque el juez no recurra, el caso llegará al Alto tribunal. No obstante, la defensa del magistrado aún no se ha pronunciado a este respecto, hasta que no cuente con la argumentación completa del órgano de gobierno de los jueces. El Ministerio Público considerada que el juez cometió una falta "muy grave" por "una desatención continuada en el tiempo" de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.
