El anuncio de los jueces de ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona de que adelantarán la convocatoria de huelga prevista para el 26 de junio al 18 de febrero no constituye ninguna radicalización del conflicto que enfrenta a los magistrados con el Gobierno. El anticipo del paro no es más que una medida de presión, dirigida al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y utilizada con la intención de llegar en una posición de fuerza a las negociaciones que emprenderán la próxima semana con el Ministerio de Justicia. Los togados se limitan a tirar del manual prototípico de cualquier negociación de un convenio laboral, en el que la amenaza de huelga se convierte en un instrumento más de presión. No hay por tanto, al menos de momento, más motivos de preocupación que los ya conocidos. La decisión tomada el miércoles entra dentro de las reglas del juego y no significa que necesariamente se vaya a celebrar paro alguno. En todo caso, hacen aflorar un par de detalles que no dicen mucho de esa posición de fuerza que quieren adoptar los jueces. La primera reside en el propio apoyo al adelanto de la huelga. La decisión no se ha tomado por unanimidad. El número de provincias que han optado por un calendario de movilizaciones más conservador es superior al de aquellas que han optado por aumentar la presión al Gobierno y esta circunstancia no hace más que trasladar a la opinión pública la idea de que los mismos jueces están divididos en torno a la conveniencia (y legalidad) de su convocatoria de huelga. En cuanto al segundo factor que perjudica sus intereses, está ligado a las grandes asociaciones que representan sus intereses. Todas ellas decidieron que el 18 de febrero se celebraría un paro simbólico, pero sus propios miembros les han deslegitimado y colocado en una posición de debilidad que les ayudará bien poco en las negociaciones que mantebndrán a partir de este lunes con el misnistro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
