Los jueces están obligados a celebrar bodas entre homosexuales, según el Tribunal Supremo (TS), que ha denegado a un magistrado el ejercicio de la objeción de conciencia para no tramitar expedientes sobre enlaces entre personas del mismo sexo.
El Supremo considera que los miembros de la carrera judicial están sometidos a la ley en cualquiera de sus cometidos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha rechazado así el recurso presentado por un magistrado de Sagunto (Valencia), encargado del Registro Civil, contra el acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se mostró contrario a que los jueces del Registro Civil puedan negarse a tramitar estos expedientes en aplicación de su derecho a la objeción de conciencia.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto, Pablo de la Rubia, alegó ante el Supremo que quería ejercer su derecho fundamental a la libertad ideológica mediante la objeción de conciencia "en cuanto a católico y de acuerdo con el magisterio de la iglesia católica". El juez pretendía abstenerse de los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo que se tramitaran en el registro Civil del que era encargado y ser sustituido por otros jueces "cuyas conciencias no se vieran afectadas por este tipo de celebraciones".
El TS, de acuerdo con las tesis del CGPJ, recuerda que la Constitución establece de forma "rotunda" la sumisión de los poderes públicos a la ley, de tal forma que, además de prohibirles actuar contra las leyes, únicamente les permiten hacerlo cuando cuentan con habilitación del legislador. Por tanto, agrega el alto tribunal, si uno de los rasgos distintivos de la posición de los jueces y magistrados es su sumisión única a la legalidad "está claro que no pueden dejar de cumplir los deberes que emanan de la misma".
En caso contrario, "se resentiría esencialmente la configuración del Poder Judicial y la función de garantía del ordenamiento jurídico y de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos", dice la sentencia.
La decisión del Supremo ha sido muy bien acogida por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) porque confirma que la ley "está por encima de las creencias". Para el presidente de Felgtb, Antonio Poveda, la decisión del TS es "obvia", y espera que con ella "se frene el uso de la religión católica o cualquier otra ideología para arremeter contra los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales".
"Se trata de casos aislados de jueces que anteponen sus ideas y creencias a la ley, pero pueden hacer mucho daño", recordó Poveda al tiempo que reclamó que la Justicia "sea implacable". "Si ella no defiende la ley de qué estamos hablando", concluyó.
Varapalo al PP. Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, dijo que la decisión del Supremo supone "un varapalo" para los que, "con el PP a la cabeza, promovieron e instigaron el boicot" a estas uniones. Por ello, se dirigió al PP y le instó a "pedir disculpas por poner trabas a dicho proceso judicial que se ha demostrado contrario al Estado de derecho". Zerolo recordó "el apoyo" de dirigentes populares tanto a la jueza del registro civil de Denia, Laura Alabau, "que impedía la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo", como a Pablo de la Rubia, "cuyas pretensiones se han desestimado".
