La huelga de jueces convocada en solitario por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tuvo un escaso seguimiento, sólo fue secundada por 1.071 jueces de los 4.543 en ejercicio, es decir, el 23,57%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A pesar de estos datos, la APM, que cifró el seguimiento en el 35%, mostró su satisfacción por el "éxito" de la convocatoria y por el hecho de haber movilizado en solitario a unos 1.500 magistrados de toda España que, según dijo a Efe el portavoz de la asociación, Antonio García, demostraron que no están conformes con la propuesta para modernizar la Justicia del ministro Francisco Caamaño. Los datos de la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, difirieron de los ofrecidos por el CGPJ, según los cuales un 23,57% de los jueces en ejercicio secundaron la jornada de paro. Sin embargo, los convocantes no dieron credibilidad a estas cifras y las contrapusieron con las recabadas por la propia asociación, a cuya oficina llegaron ayer más de 1.500 faxes de magistrados comunicando que estaban en huelga.
En cualquier caso, el seguimiento fue inferior al de la anterior huelga judicial, el pasado 18 de febrero, cuando el CGPJ habló de un 35,38% (1.635 jueces en paro), porcentaje que los convocantes -entonces la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- elevaron hasta el 60%.
Esta vez también fue menor la movilización de los jueces de las grandes capitales, como Madrid o Barcelona; y la huelga apenas tuvo repercusión en los órganos centrales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde sólo tres y dos magistrados, respectivamente, se sumaron a la protesta.
Seguimiento judicial. En el resto de España el seguimiento fue muy desigual y mientras en algunas comunidades autónomas, como Extremadura o Castilla-La Mancha, rozó el 50%, en otras rondó el 15%.
Pero después de la huelga, la estrategia del CGPJ seguirá siendo la misma: "Trabajar por y para la Justicia", según dijo la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, quien recalcó que la Administración de Justicia vive un "momento histórico" con un proyecto para modernizarla, voluntad política y 600 millones de euros para invertir en tres años.
Sin embargo, la APM cree que el "elevado nivel" de seguimiento corrobora el descontento generalizado en el colectivo judicial "ante la insuficiencia de medios y carencias endémicas en el ejercicio de la función jurisdiccional" y espera una reacción del Ministerio de Justicia, que sigue destacando que la convocatoria "carecía de todo fundamento y justificación".
Por su parte, las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que no secundaron la huelga, coincidieron en atribuir a la falta de unidad de acción al escaso éxito del paro. Por ello, desde estas asociaciones se reclama a la APM que contribuya a recuperar dicha unidad para la reunión a los todos están convocados en el órgano de gobierno del poder judicial el próximo día 26.
Negociación. En opinión del portavoz de JpD, Miguel Ángel Gimeno, lo importante es que lo ocurrido con esta convocatoria "no sea un obstáculo", para seguir negociando con el Gobierno. Mientras que los portavoces de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, y del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, remarcaron que ahora más que nunca es necesario es ir todos unidos para ser escuchados.
