La nueva ley hipotecaria aprobada por el Gobierno del PP, que entró en vigor ayer, permite a los jueces revisar de oficio las ejecuciones hipotecarias. Los magistrados pueden frenar los desahucios previstos durante un mes para, en ese tiempo, revisar si ha habido clausulas abusivas por parte de las entidades bancarias. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha recordado esta mañana que hay un acuerdo con el decanato de Granada para detener todos los desahucios previstos a espera de la entrada en vigor de esta ley. Fuentes del Alto Tribunal andaluz entiende que ese acuerdo es extensible a todas las provincias, de modo que los desalojos quedarían de inmediato en suspenso. La ley hipotecaria también permite paralizar durante dos años los desahucios que afecten a familias en riesgo de exclusión social. La ley nos da una facultad a los jueces muy amplia, una importantísima, porque abre plazo de un mes para que todos los procesos de ejecución se revisen por si hay clausulas impeditivas o abusivas, que exija retirarlo, ha dicho Del Río, además incluye obligatoriamente la suspensión durante dos años de ese desahucios de vivienda ante la posibilidad de personas de exclusión social y admite una serie de llamadas de atención con respecto a los jueces, a los notarios a cuantos intervienen para el estudio de esas cláusulas y para ver cuándo son abusivas y cuales deberían ser los intereses generales.
