Menos denuncias, menos juzgados y menos órdenes de protección. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial revelan una bajada de los casos de violencia de género en la provincia. Sin embargo, y pese a lo positivo de las cifras, los juzgados tienen sobre sus mesas 765 casos con sentencia firme, pero que no se han ejecutado. Es decir, hay 765 personas condenadas que aún no han cumplido con la pena que le han impuesto y que pueden estar en libertad. Un 18% más que el año pasado, según los datos del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentados ayer.
Las ejecutorias, el proceso por el que los jueces hacen cumplir las sentencia que ya son firmes, son el gran lastre que arrastra la Justicia en Sevilla y, los casos de violencia de género, no están apartados de esta realidad. El año 2013 se cerró con 765 casos en los que el condenado por un delito relacionado con los malos tratos aún no está cumpliendo su condena. Es cierto que tras esta cifra no supone que todos sean maltratadores que están en libertad y que deberían estar en prisión, pero esto implica que estas personas no están cumpliendo por el delito que cometieron.
Entre ellos habrá muchos casos que lo que está pendiente de cobrar es una multa, lo que complica el procedimiento, pues no son pocos los condenados que se declaran insolventes. Otros tantos, serán casos en los que el maltratador debe cumplir con trabajos en beneficio de la comunidad, una condena habitual para ciertos hechos, especialmente los que se califican como falta al no tener la consideración de delito. De hecho, una de las dificultades que se encuentran los jueces para hacer cumplir este tipo de penas, es que no hay suficientes plazas para todos los condenados, más aún cuando en los delitos contra la seguridad vial es habitual condenar a trabajos comunitarios.
El problema de las ejecutorias se produce porque los encargados de hacer cumplir la sentencia son los saturados juzgados de lo Penal, ya que son ellos los que juzgan los casos que han sido investigados por los juzgados de Violencia de la Mujer. Es decir, aunque existen estos juzgados especializados, ellos se encargan de la instrucción de las denuncias, pero no de celebrar los juicios que se realizan en los juzgados de lo Penal o en la Audiencia Provincial, en caso de delitos más graves, como el homicidio. Además, los Penales tienen que ejecutar las conformidades alcanzadas sobre este tema en los juzgados de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer. Esto supone que de los 765 casos, 319 son de estos órganos. En total, los juzgados de lo Penal tienen 13.324 sentencias sin cumplir. En cuanto al resto de parámetros, las denuncias han experimentado una importante bajada este año, por encima de la media española incluso. Así, si en España descendieron un 2,8%, en nuestra provincia ha sido del 3,64%. De esta forma, este año se han contabilizado un total de 4.325, de las que la mayoría llega a los juzgados después de que la víctima haya acudido a denunciar ante la Policía. En rueda de prensa, la presidenta del Observatorio, María Ángeles Carmona, culpó de este descenso generalizado a la crisis, porque «hay mujeres a las que les cuesta dar el paso porque no saben que hay recursos para ellas» y descartó que tenga que ver con los recortes en materia de protección: «Los recursos asistenciales se han mantenido», dijo.
En cuanto a los delitos, el de malos tratos y lesiones es el que más se repite con 3.587 casos, menos que en 2012, cuando se contabilizaron 4.347. Los homicidios en cambio sí crecieron, pues se registró uno más que en 2012, cuando sólo hubo uno. El otro dato negativo es que el porcentaje de renuncias a continuar con el procedimiento penal si ha aumentado. Así, mientras en 2012 en Sevilla 826 retiraron la denuncia contra su maltratador, el año pasado lo hicieron 1.076.
Menos órdenes. Junto con las denuncias también bajaron el número de órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia de género, ya que se dieron 1.149 frente a las 1.235 del año anterior. De todas ellas, en diez casos se dieron para proteger a una menor, lo que supone dos casos menos que en 2012.
En cuanto al número enjuiciados, el año pasado fueron a juicio 1.169 hombres, de los que 526 fueron condenados, lo que supone el 49,36%. De éstas, 330 fueron por conformidad. En cuanto a la relación con el agresor, la mayoría era la expareja de la víctima (386), seguido del compañero sentimental, cónyuge y exmarido.
