La cifra es escandalosa. La Justicia sevillana tiene acumuladas, sin ejecutar, es decir, sin que la decisión de un juez se haya puesto finalmente en práctica más de 104.000 sentencias. De ellas, 81.996, el 78 por ciento, son sólo de la jurisdicción Civil. Tras el dato se esconden embargos, deudas pendientes de cobrar, reclamaciones esperando en el sueño de los justos. El mundo judicial plantea una solución sencilla y barata: que los procuradores se encarguen de esta gestión. El último en proponerlo ha sido el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que ha sido aplaudido desde el Colegio de Procuradores.
En los juzgados de Primera Instancia se acumulan miles de asuntos pendientes y de sentencias sin cumplir. / Foto: El Correo
La idea no es nueva, sino que se trata de un modelo que ya se emplea en algunos países europeos como Francia. Allí existe la figura del huissier de Justice, que es el encargado de notificar los actos de procedimiento y entregar las citaciones civiles y penales, pero también ejecutar las decisiones judiciales así y los actos auténticos que tienen fuerza ejecutiva. Esta misma semana, el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, hizo alusión en una conferencia en el Club Antares a este profesional de la Justicia gala y pedía que en España se creara a su equivalente, dotando a los actuales procuradores de potestades para poder desarrollar esta tarea.
El objetivo es liberar a los juzgados de Primera Instancia de esta ardua tarea y que los jueces «deleguen en los procuradores la ejecución con la supervisión de los secretarios judiciales», destacó Álvarez. «No se trata de privatizar ámbitos de la Justicia», añadió, tras lo que puso como ejemplo los Registros de la Propiedad. Una propuesta que el Consejo General de Procuradores ya ha puesto sobre la mesa del Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz Gallardón y cuenta con el respaldo del mundo judicial.
La decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, María Isabel Escartín, agradeció «enormemente» el apoyo y el respaldo de Álvarez. «Se trata de una solución rápida y barata porque no hay que hacer una inversión económica, pues supondría disponer una infraestructura privada al servicio de lo público», destacó la decana. Ella también defendió que «no se trata de una privatización de la Justicia, pues sería una delegación de funciones con la supervisión de los secretarios judiciales». En este sentido, recordó que los propios procuradores ya tienen una «dimensión pública, por lo que no supondría ningún tipo de obstáculo y se mantienen todas las garantías». Sería una delegación de competencias «similar» a las que ahora tienen ya asignadas con las notificaciones y «supondría un beneficio para todos. Para los ciudadanos, para el sistema judicial y para la propia economía nacional».
Escartín incidió en el «alto grado de insatisfacción» que genera en la ciudadanía «el hecho de no encontrar una respuesta, porque en muchos casos las ejecutorias están enconadas». A este respecto, las estadísticas, según el presidente de la Audiencia, reflejan que el 44 por ciento de los ciudadanos tienen «un grado de satisfacción plena, el 16 por ciento parcial y el 38 por ciento, nula porque su sentencia no se ha cumplido. Esto da muy mala imagen». En este punto, Álvarez recordó que la función de un juez es «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», algo que cuesta cumplir, a la vista de los datos; y dijo que esto permitiría mantener la figura del procurador diferenciada de la de abogado, después de el proyecto para reformar la ley de colegios profesionales que pretende unir ambas profesiones.
La decana de los procuradores también explicó que si ellos asumen las ejecuciones de sentencias civiles aliviarían a los sobrecargados juzgados de Primera Instancia, que acumulan 41.775 en Sevilla capital y 36.490 entre el resto de partidos judiciales de la provincia. «Supondría liberar a los jueces y a los funcionarios de esta tarea y centrar sus esfuerzos en la resolución de asuntos, máxime cuando no se van a crear juzgados nuevos y todo ello sin coste alguno», señaló.
Escartín también destacó que «desatascar» el elevado número de ejecutorias que se encuentran pendientes sería «desbloquear muchísimo dinero que no se mueve en la economía por estar pendiente de una decisión judicial». «Es dinero que está bloqueado y que podría generar riqueza si se vuelve a liberar», añadió. Por último, incidió en que los procuradores «estamos perfectamente preparados para asumir esta función».
