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Los juzgados de lo Social señalan ya los juicios para finales de abril de 2018

Los órganos de refuerzo fijan vistas a 10 meses para resolver casos que deben estar listos en días.

el 29 mar 2014 / 23:00 h.

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Una funcionaria de los juzgados de lo Social ordena expedientes. / J.M.Paisano Una funcionaria de los juzgados de lo Social ordena expedientes. / J.M.Paisano Cuatro años o, lo que es lo mismo 1.460 días esperando para celebrar un juicio. Ésta es la realidad de algunos de los juzgados de Sevilla, donde ya se están señalando vistas por reclamación de cantidades para finales de abril de 2018. El atasco es tal, que si se trata de un caso urgente o preferente que tiene que ser resuelto en cuestión de días según la ley, la espera es de diez meses. Eso después de que en 2013 tanto la cifra de despidos como pleitos por impago de salarios haya descendido en Sevilla un 12,25% y un 11,83% respectivamente. El problema es que la ciudad sigue contando «con los mismos juzgados de los ochenta, cuando Sevilla necesita el triple de los que tiene. La población se ha duplicado y los juzgados atienden a más de un millón y medio de personas, miles de empresas y encima, con la crisis, los despidos se han disparado», comenta el abogado Juan Moreno Yagüe. En su despacho han recibido la citación para un juicio por una reclamación de cantidad al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) para el 26 de abril de 2018, más de cuatro años después de haber presentado la demanda. Esto quiere decir que el juzgado no solo ha señalado este juicio para 2018, sino que lo ha hecho con muchos más, que han sido fijados desde enero hasta abril. En este caso, se trata de una demanda en la que una trabajadora de una empresa le reclama al Fogasa una parte de una cantidad que por error no le fue abonada. «No es mucho, pero es suyo y ahora tiene que esperar cuatro años para poder cobrarla», explica Moreno. Pero lo peor no son estos cuatros años, sino que la demandante lleva desde 2011 con su problema judicializado, porque fue entonces cuando la empresa en la que trabajaba entró en concurso de acreedores. Tras todo el proceso, parte de los salarios adeudados los pagó la empresa y el resto el Fogasa, aunque debido a un error no le entregó todo lo que debía cobrar. Es entonces, cuando tiene que plantear esta demanda, que no será vista en un juicio hasta dentro de cuatro años, lo que implica que cuando se resuelva definitivamente el asunto habrán pasado más de siete años. «Los jueces y los juzgados no dan para más, están trabajando por las tardes y si la Justicia funciona es por puro esfuerzo personal» asegura Moreno, quien lamenta que «encima, además de los impuestos, te cobren las tasas judiciales. Los casos que duren más de un año, no sirven para nada, la Justicia llega tarde». En este mismo sentido se expresa Verónica del Carpio una abogada que ha iniciado en Twitter un movimiento en el que invita a todos sus compañeros a denunciar la verdadera situación de nuestro sistema judicial, «y de lo que no habla el Ministro Gallardón». Para ello, entre otras medidas, ha decidido colgar las fotos de las citaciones judiciales «para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en los juzgados de lo Social». Del Carpio recuerda, además, que es una situación que no solo se da en Sevilla, sino que está generalizada en toda España, pues en ciudades como Vigo «un compañero lleva esperando tres años y aún no tiene fecha de juicio», mientras que en otra ciudad «un cliente está esperando su juicio en lo laboral». «Es indignante», añade. «Las cosas que no se cuentan no existe», dice sobre la campaña de denuncia en las redes sociales que ella y muchos letrados han decidido iniciar. «Hay que crear conciencia social, porque es un perjuicio para todos», ya que recuerda que son los juzgados y tribunales quienes al final velan y deciden sobre los derechos de los ciudadanos. La letrada también criticó la imposición de las tasas, contra las que también hay un movimiento en Twitter con la etiqueta #T, insistiendo en que el Estado está «negando cosas que tendría que asumir y obliga a los ciudadanos a demandar y luego, encima, le cobra tasas y le dice que pleiteamos demasiado». La letrada recuerda que en casos como los de las cláusulas suelo «es el Gobierno el que debe obligar a los bancos a quitarlas y no obligar a los ciudadanos a demandar, si pueden pagar las tasas». La situación de atasco es tal que hasta los propios refuerzos que se crearon para descongestionar a estos órganos están saturados ya, cuando no llevan ni dos años funcionando. Estos juzgados de refuerzo, que tienen la mitad de personal que un juzgado normal, se encargan exclusivamente de los casos urgentes y preferentes (despidos, extinción de contrato de trabajo, contra la libertad sindical, vacaciones o conflictos colectivos) que en algunos casos según la ley deberían estar resueltos en días. Sin embargo, los juicios se están señalando a diez meses vista, «y no es de extrañar que a finales de año nos vayamos ya a señalar juicios para dentro de 12 meses», aseguran desde estos juzgados. Ellos trabajan con todos los asuntos urgentes y con la mitad de personal y aún así resolvieron en un año casi 600 casos cada uno. «Rara es la tarde que aquí no hay un funcionario y eso no lo pagan», afirman fuentes judiciales. Una situación «insostenible», que ya está denunciada a la Inspección de Trabajo, pese a que los despidos bajaron en 2013 un 12,25% (5.482 y 6.247 de 2012) y un 11,83% las reclamaciones de salarios.

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