Los funcionarios de los cuatro Juzgados de Violencia contra la Mujer de Sevilla acordaron ayer en asamblea mantener la huelga indefinida, que entra en su tercera semana, mientras la Consejería de Justicia no reconsidere su decisión de no negociar con los sindicatos.
A la vez, el sindicato CCOO ha denunciado, en un comunicado remitido a Efe, que la Junta haya utilizado dinero público para publicar un anuncio en prensa con el que ha pretendido "desacreditar la lucha que vienen manteniendo los funcionarios de estos juzgados con mentiras manifiestas".
El portavoz de este sindicato, Luis Calero, explicó que la asamblea de trabajadores ha acordado continuar la huelga, que empezó el pasado 27 de noviembre, en protesta por las guardias reducidas que la Junta planea aplicar en estos juzgados a partir del 1 de enero, a diferencia de la plantilla completa que hará guardia en Madrid y Barcelona.
El paro está convocado por los sindicatos USO, STAJ y CCOO, que piden que las guardias que comienzan con el año nuevo sean hechas por diez funcionarios en cada juzgado, como harán Madrid o Barcelona, y no por los cuatro que ha acordado la Junta. En su comunicado, CCOO niega la afirmación de la Consejería de Justicia de que los juzgados sevillanos tienen una media de 17 asuntos al mes relativos a medidas cautelares, órdenes de protección y juicios rápidos, sino que entre enero y noviembre de este año se ha registrado una media de 51 asuntos mensuales de esta índole. El sindicato asegura que la huelga está siendo apoyada por la "práctica totalidad de la plantilla, con un 95% de seguimiento". La consejería, en cambio, ha denunciado que los funcionarios están usando políticamente esta huelga para reivindicar otros objetivos.
La semana pasada, la jueza primera de Violencia Doméstica de Sevilla, María Eulalia Blat, denunció que los juzgados eran "un polvorín". "Ahora no están los ojos puestos encima de ningún asunto porque está todo parado" dijo. La directora de Recursos Humanos de Justicia, Isabel Cumbrera, criticó la presión que estaban recibiendo. "Ni la jueza, ni la fiscal, ni los funcionarios deben buscar excusas, ni utilizar un tema tan sensible como este para presionar y lograr objetivos de dudosa legitimidad".
