Los servicios jurídicos del Parlamento andaluz defendieron ayer en la Mesa de la Cámara que los diputados no tienen ninguna obligación legal de declarar las actividades o bienes de sus cónyuges. Esto significa que Rafael Velasco no incurrió en ningún tipo de irregularidad por no dejar constancia a la Cámara de que su esposa tenía una empresa de formación que firmaba contratos y recibía ayudas públicas.
El letrado mayor de la Cámara respondió así a una consulta, formulada por el PSOE, que invitaba a dejar claro si la Ley de Incompatibilidades actualmente en vigor y la Ley Electoral obliga a los diputados a declarar las actividades de sus parejas en el caso de que contraten con la administración pública. Una consulta que se registró en la Cámara a raíz de las informaciones que señalaban que la mujer del ex vicesecretario general del PSOE-A tenía una empresa de formación dedicada a impartir cursos en Córdoba y que había recibido 730.000 euros de ayudas públicas en los últimos cuatro años. Entonces se insinúo que Velasco ocultó esa información a la Cámara e incumplió su deber de transparencia como diputado.
La respuesta, defendida por el letrado mayor de la Cámara, José Antonio Víboras, y elaborada por Plácido Fernández Viagas, uno de los letrados del Parlamento, es clara: "La ley se refiere a las declaraciones de actividades de los Diputados (de ellos personalmente), sería absurdo pensar que pueda referirse a las actividades de otros". Y va más allá: "Una de las conquistas de los tiempos actuales es precisamente que el marido ha dejado de administrar los bienes de la mujer". El posicionamiento jurídico recoge que en estos casos el derecho a la intimidad colisiona con la necesidad de transparencia en la vida pública y el control de los parlamentarios. "Extender el examen a las actividades y bienes de sus cónyuges carece en cambio de la adecuada proporcionalidad".
Lo que debía ser una simple reflexión jurídica para aclarar qué dice la ley se convirtió en motivo de enfrentamiento político entre PSOE y PP. Los socialistas enarbolaron el documento de los servicios jurídicos del Parlamento para dejar claro que Rafael Velasco no ha incurrido en ningún delito. Los populares negaron tajantemente que exista informe jurídico alguno que exonere al ex diputado socialista de sus responsabilidades en el asunto que afecta a su esposa.
Pelea. El PP solicitó una reunión urgente de la Mesa de la Cámara para aclarar que no existe ningún informe. Es cierto que no hay un documento que hable sobre el caso Velasco pero sí se resuelve una duda legal planteada a raíz de esa polémica .
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, acusó al PP-A de intentar "intoxicar" a la ciudadanía y de llevar a cabo una "cacería" para "machacar" al ex vicesecretario general del PSOE-A. Jiménez defendió que la estrategia del PP ha quedado "absolutamente deslegitimada".
PP y PSOE han solicitado un examen jurídico más exhaustivo a la Comisión del Estatuto del Diputado. Actualmente los diputados hacen una declaración pública de sus bienes, que puede consultarse en internet, y además entregan anualmente al Parlamento una copia de la declaración de su renta que permita poner luz sobre sus ingresos. Esta información, sin embargo, no es pública, como sí ocurre en otros Parlamentos como el de Castilla La Mancha, y queda custodiada por los servicios jurídicos. Sólo ante un indicio de delito podría difundirse, informó la Cámara.
