La cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) aprobará formalmente el Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo, cuyo objetivo principal es limitar la llegada de inmigrantes a las necesidades del mercado laboral europeo.
El Pacto, uno de los objetivos principales de la actual presidencia francesa de turno, ya ha tenido el respaldo de los Veintisiete en el Consejo de Ministros, por lo que la aprobación en el Consejo Europeo cumplirá el objetivo de París de dar más relevancia a su lanzamiento.
El documento quiere dar un impulso claro hacia una política común de inmigración y asilo que tenga en cuenta el interés colectivo de la UE, al considerar "imprescindible" que cada país comunitario tenga en cuenta al resto de la Unión al aprobar sus políticas en la materia.
El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, se mostró "muy satisfecho" por el hecho de que los Veintisiete vayan a sellar su consenso en este asunto clave para la UE.
El Pacto sigue las líneas defendidas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y opta por una inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de integración del país de acogida, con firmeza hacia los indocumentados y sin regularizaciones masivas.
Este Pacto está organizado en cinco puntos: gestionar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.
El documento deja claro desde el principio que "la Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor". Por ello, establece que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de vivienda, sanidad y educación.
Cada país de la Unión determinará las condiciones de admisión a su territorio y fijará el número de inmigrantes que puede acoger, en función de las necesidades de su mercado de trabajo nacional.
El Pacto dice que los países de la UE fomentarán la integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio entre sus derechos y sus deberes, con medidas específicas para facilitar el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo.
Además, se defenderá el respeto de la identidad de los países comunitarios y de la UE, así como de sus valores fundamentales (como derechos humanos, libertad de opinión, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres y escolarización obligatoria de los niños). También se impulsará la admisión de trabajadores cualificados y se favorecerá su inmigración temporal, para evitar la fuga de cerebros.
Sin embargo, los mecanismos de reagrupamiento familiar tendrán en cuenta los recursos y condiciones de residencia, así como el conocimiento del idioma del país de acogida.
Los inmigrantes en situación irregular tendrán que abandonar el territorio comunitario y las regularizaciones se harán caso por caso. Para las repatriaciones, se intentará establecer acuerdos de readmisión con los países de origen, con los que también se reforzará la cooperación para luchar contra el tráfico de personas.
Además, a comienzos de 2012 se implantarán, como muy tarde, los visados con información biométrica, y para esa fecha también tendrá que estar funcionando un registro electrónico de entradas y salidas en la UE para controlar a quienes violen las condiciones de su visado.
El Pacto establece también que se refuercen el papel y los recursos de Frontex, la agencia europea de control de fronteras.