Los transportistas que aún mantienen la huelga en un inasumible pulso contra el Gobierno, ya no representan al sector. Pero tienen capacidad para seguir infligiendo un daño que, a buen seguro, aumentará sus responsabilidades ante la desproporcionada protesta iniciada el pasado lunes y que ha causado enormes perjuicios a la economía del país y a la vida diaria de millones de españoles.
Si alguna vez tuvieron razones para protestar por la disparatada subida del precio del crudo -que no sólo les afecta a ellos sino a toda la sociedad-, las perdieron al disfrazar la huelga de paro patronal, un boicot contra el Gobierno, condicionado a la exigencia de unas tarifas mínimas que son imposibles de establecer debido a su flagrante ilegalidad en el marco normativo de la Unión Europea.
El Gobierno, lejos de las críticas infundadas del PP sobre una supuesta pasividad, ha puesto sobre la mesa hasta 54 medidas compensatorias que suponen un importante apoyo dentro del margen de acción del que dispone el ejecutivo.
El 90% de las asociaciones de transportistas han entendido el esfuerzo y no se han sumado a unos paros que han terminado por traspasar los límites de la huelga, perjudicando gravemente el derecho al trabajo y a la libre circulación de las personas y generando una alarma injustificada en la población, que ha encarecido productos de consumo básico -alimentos y carburantes- por el acopio desordenado ante el riesgo de desabastecimiento.
En estos momentos de incertidumbre, el Gobierno está haciendo su tarea. La Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, está actuando con inteligencia y mano firme, tendiendo puentes para el diálogo sin cesiones imposibles como las tarifas mínimas, que no conducen a ninguna parte.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deberán seguir garantizando la circulación por todo el país aplicando la "tolerancia cero" ante los piquetes ilegales que promuevan cualquier acto de coacción o violencia en nombre de una huelga que ya ha perdido los apoyos y el sentido.
