La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación judicial sobre los desaparecidos durante la dictadura de Franco, como era de esperar, no ha pasado desapercibida. La medida ha abierto la caja de los truenos y las opiniones a favor y en contra no se han hecho esperar.
Las asociaciones judiciales han cuestionado la decisión de Garzón de pedir a varias instituciones que le informen en un plazo de 15 días sobre este asunto para determinar su competencia. Según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales, mientras que el de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, se mostró sorprendido de que se abra la vía penal cuando podría hacerse desde el ámbito político.
En este mismo sentido se pronunció el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, que ve difícil que prospere la investigación y que ésta pueda concluir en una acusación por delito.
Sin embargo, y a pesar de las reticencias de los jueces a la medida, la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional se dirigió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las "injustas y arbitrarias" opiniones que, a su juicio, se vertieron ayer sobre la decisión de Garzón, que, según la institución, merece todo respeto.
Por su parte, el presidente de la Asociación Historiadores del Presente, Abdón Mateos, calificó ayer de "inútil" la decisión de Garzón. "No creo que sea necesario", indicó Mateos, aunque, según el experto, "es justo para las víctimas que se puedan recuperar los restos de sus ancestros y que hagan un duelo, es algo que la Administración tiene que apoyar".
El rector de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, consideró ayer que "tal y como se está planteando" la iniciativa de Garzón de pedir datos ante la posible investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista "crea una cierta crispación y hace políticos temas propios de historiadores".
Pero no toda la sociedad ha criticado al juez de la Audiencia Nacional, Amnistía Internacional (AI) dio ayer la bienvenida a la decisión de Garzón y solicitó al Gobierno que asuma "sus responsabilidades internacionales". Además, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARHM), Emilio Silva, se mostró ayer dispuesto a colaborar y a facilitar la documentación requerida.
A este apoyo se unió también el de la Generalitat de Cataluña que valoró "muy positivamente" la iniciativa, al igual que partidos como ERC, IU y diferentes colectivos de varias comunidades autónomas como Valencia, Galicia o Navarra.
