Los empresarios mayoristas de frutas, accionistas minoritarios de Mercasevilla, acordaron ayer personarse en tres de las causas abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 6, pero centrar sus esfuerzos en una de ellas: la venta de los terrenos a Sando. Los mayoristas, que se sienten perjudicados por una operación en la que la juez ve indicios de fraude, presentarán una querella por delito societario en la que señalarán al ex director general de Mercasevillla Fernando Mellet; al abogado Jorge Piñero; al ex asesor socialista Domingo Enrique Castaño; y a la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante.
A todos ellos les reclaman haber causado un perjuicio económico a la sociedad de más de 50 millones de euros -la diferencia entre la oferta ganadora de Sando y la más alta de las que concurrieron-. Ante la posibilidad de que estas personas no puedan hacer frente a los pagos, los mayoristas situarán como responsable civil solidario al Ayuntamiento de Sevilla, al ser accionista mayoritario y al haber designado a los querellados para los puestos que ocupaban.
Los términos de la querella, que se sumaría a las presentadas por PP, PA, PSOE y la propia Mercasevilla, fueron ultimados ayer por los mayoristas y el despacho de abogados Salas y Donaire, que pretende formalizar la actuación judicial a lo largo de esta semana. Además, los mayoristas pretenden personarse en las causas abiertas por el Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla, como parte perjudicada, y por los delitos societarios supuestamente cometidos por los gestores de la empresa, también como parte dañada por las irregularidades que se investigan.
La decisión de los mayoristas, según apuntaron desde el despacho Salas y Donaire, abre una nueva vía judicial en el caso de la venta de los terrenos, al permitir un proceso judicial por los perjuicios que se hayan podido causar a la empresa por una venta que la propia juez considera que no se ajustó a un criterio de rentabilidad económica, ya que se desecharon ofertas más cuantiosas para la compañía. En su querella, los mayoristas consideran que el consejo de administración fue "engañado" y de ahí que se aprobara la adjudicación de la venta de los terrenos a Sando.
También la Junta ha intentado su personación en esta causa por la venta de los terrenos a Sando, aunque de momento ha sido rechazada por la juez Mercedes Alaya, al considerar que la venta de los terrenos no tiene relación alguna con la Consejería de Empleo. Esta decisión la anunció la magistrada en el mismo auto en el que imputó al gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, y en el que se anuncian el rechazo al recurso presentado por la defensa de Daniel Ponce contra la imputación del ex director adjunto. Se mantiene así entre los quince imputados.
