Los resultados provisionales del informe psiquiátrico practicado al niño de diez años de Adra (Almería) contra el que al menos un compañero de colegio cometió presuntos abusos sexuales corroboran las agresiones narradas por la víctima y le aconsejan a ésta que cambie la ciudad de residencia. El menor presenta un trastorno de estrés postraumático y un cuadro clínico reactivo. Los resultados definitivos del informe se conocerán la próxima semana.
Esta información la adelantó ayer la madre del niño, María Teresa S.B., quien anunció que interpondrá denuncia ante el Equipo de la Mujer y del Menor de la Comandancia de Almería contra los tres menores que supuestamente le sujetaron, grabaron con el móvil y miraron mientras otro abusaba de él.
Sin embargo, este anuncio provocó también que las familias de dos de los menores, de entre 13 y 15 años, acusados de agredir sexualmente al menor de Adra han denunciado por injurias a la madre de la víctima por culpar públicamente de los hechos a cuatro muchachos, a pesar de que sólo se abrieron diligencias contra uno de ellos. Fuentes de la Guardia Civil informaron de que la interposición de estas denuncias se produjo la tarde de ayer en el acuartelamiento de Adra.
En las diligencias instruidas por la Guardia Civil sobre este caso únicamente figuraba como imputado uno de los menores, de 13 años, al que le fue atribuida la presunta autoría de delitos de amenazas, coacciones, agresión sexual y lesiones.
Archivo de la causa. La Fiscalía de Menores, al cargo de las diligencias, ordenó el archivo de la causa contra el muchacho, que será trasladado por la Consejería de Educación a un nuevo centro educativo, al no contar con edad suficiente para imputarle delito alguno.
Junto a esto, la Junta anunció que ha abierto una investigación para averiguar si la situación familiar y personal del niño de 13 años acusado de violación exige la adopción de alguna de las medidas que contempla la ley que rige el sistema de protección de menores. Según precisaron a Europa Press fuentes de la Delegación provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, estas medidas pasan sólo por dos supuestos ya que, de demostrarse "un entorno familiar normal", la ley no prevé ninguna actuación. En caso de que los informes médicos y psicológicos revelasen algún trastorno mental, la Junta llevaría a cabo "acciones de tratamiento" tanto en el centro educativo como en su casa, y si se detectasen "problemas en el entorno" la respuesta sería "intentar trabajar en ese contexto y, en último caso, decretar su ingreso en un centro del sistema de protección".
