La Junta de Andalucía incumple la ley de forma sistemática al no declarar en desamparo a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a la comunidad y son internados en centros de acogida. Así lo denuncia el Informa Anual de 2008 del Defensor del Pueblo Español.
Según el informe de la oficina que dirige Enrique Múgica, y al que tuvo acceso Europa Press, esa acción de no declarar formalmente la situación de desamparo es "incompatible" con la legislación de protección de menores vigente y la actuación de la Consejería de para la Igualdad y el Bienestar Social, que dirige Micaela Navarro, "no puede entenderse más que como el incumplimiento de una actuación que ha de realizarse por ministerio de la ley".
La consejería aplica ese criterio al entender que a muchos de los menores no están desamparados porque sus familias conocen su situación. Sin embargo, Enrique Múgica desaprueba este método al entender que es indudable que los menores se encuentran en España "en una situación de total desatención por parte de quienes están llamados a protegerlos y tenerlos a su cuidado".
El Defensor remitió a la consejería una recomendación para que modificase ese criterio, pero la Junta argumentó que no ve necesario declarar formalmente el desamparo porque los menores extranjeros están suficientemente protegidos al encontrarse bajo la guarda de los servicios sociales andaluces.
El Defensor del Pueblo Español contrapone al argumento de la administración autonómica andaluza que "no puede asumir tal criterio" y recuerda que una vez detectada una situación así, "deben operar las previsiones establecidas en el ordenamiento jurídico", reza el informe.
El Defensor del Pueblo Andaluz ya alertó hace dos años de que había recibido quejas sobre la falta de declaración de situación de desamparo a menores inmigrantes no acompañados, sin embargo, la consejería de Igualdad aseguró entonces que este procedimiento sí se realizaba.
No es la primera irregularidad que se produce en Andalucía con los menores inmigrantes. El año pasado, dos juzgados de Cádiz vetaron -en dos sentencias emitidas en mayo y en septiembre- las repatriaciones ordenadas por la Subdelegación del Gobierno de dos menores marroquíes tutelados por la Junta. Las sentencias detectaron varias irregularidades en el procedimiento de repatriación de los menores.
El Defensor del Pueblo considera que algunas de las cámaras de seguridad existentes en las instalaciones policiales para inmigrantes de la Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz) pueden captar imágenes que vulneren el derecho a la intimidad de los internos.
Según el Informe Anual de 2008, esas deficiencias hacen referencia a algunas de las letrinas del centro, que carecen de puertas. Múgica no considera "proporcionada" ni "oportuna" la existencia de cámaras en los dormitorios" de este edificio.
Múgica advierte de que este centro está en indefinición jurídica pues, pese a que funciona como un centro de internamiento, su creación no se ha realizado a través de la correspondiente orden ministerial.
