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Los miembros del 15M se encierran en la Delegación de Vivienda

el 14 mar 2013 / 16:55 h.

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Miembros del 15M Vivienda Sevilla han iniciado este jueves,  pasadas las 11,00 horas, un encierro "indefinido" en la Delegación  Provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, mientras  en el exterior permanece una concentración de apoyo y exigen que la  consejera del ramo, Elena Cortés, se persone en la Delegación para  recoger la petición de la Declaración del Estado de Emergencia  Habitacional en Andalucía.

Así, piden a la consejera que se comprometa a iniciar los cauces  para su aprobación, trasladándola al consejero de Justicia, Emilio de  Llera, para que la eleve al Consejo de Gobierno.

El 15M Vivienda Sevilla señala que "la crisis económica y  financiera que asola Andalucía ha amenazado y deteriorado hasta tal  punto las condiciones del ejercicio del derecho a la vivienda, que  permite hablar con toda propiedad de la existencia de una catástrofe  habitacional sin precedentes", por lo que, añaden "al igual que se  haría con otras calamidades públicas, es precisa la declaración del  Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía".

En un documento que acompaña a la petición del Declaración del  Estado de Emergencia Habitacional, se describe Andalucía como la "la  región que más está sufriendo la actual situación de crisis". Según  el 15M, en esta Comunidad Autónoma hay 2.653.693 de personas en  riesgo de pobreza, el 31,7 por ciento de la población total, y la  tasa de paro ha alcanzado un 36 por ciento en el último trimestre de  2012, "un dato similar al de Afganistán y superior al de Camerún",  llegando hasta el 65 por ciento en la población juvenil.  

En 2011, según sus datos, Andalucía fue la región donde se produjo  el mayor número de ejecuciones hipotecarias, 16.313, y el segundo  mayor número de lanzamientos, tras la Comunidad Valenciana, un total  de 9.864. En contraste con estos datos en Andalucía se han estimado  más de 500.000 viviendas vacías, siendo la provincia de Sevilla la  quinta en el ranking nacional con 125.000 viviendas vacías.

La consecuencia es "una creciente población desahuciada o en  riesgo de desahucio por dejar de pagar su alquiler o su hipoteca,  decenas de miles de personas en Andalucía se ven forzadas a vivir en  la calle, en chabolas, en estructuras temporales, en locales y  garajes, en coches y furgonetas y en espacios con obsolescencia  constructiva y funcional, expuestos a situaciones de peligro e  insalubridad".  

Según el 15M Vivienda, "la factura psicológica de los desahucios  supone para las personas un intenso estrés, baja autoestima,  ansiedad, angustia y depresión, la rotura de sus redes de identidad,  produciéndose una reconstrucción traumática de su vida".  

Consecuencias, según indican, también para los menores que viven  un desahucio. "Cuando un menor junto con su familia pierde su casa,  también pierde su colegio, su guardería y su círculo de amistades, el  drama del desahucio supone un hecho traumático que deja secuelas  psicológicas en los menores y pone en serio riesgo su bienestar  general y su adecuado desarrollo".

"DECENAS DE MILES DE POTENCIALES DESPLAZADOS"

Según afirman, "una estimación conservadora del número total de  personas en Andalucía que están amenazadas con perder su vivienda,  las que la han perdido en los últimos años y las personas que no  tienen acceso a una, sería del orden de decenas de miles de  potenciales desplazados". A esto le añaden las personas con problemas  de habitabilidad, con lo cual "la cifra se dispara a los cientos de  miles" y señalan que, en casos de desastres naturales, han sido  necesarios un número mucho menor de afectados para que se declare el  estado de emergencia.

En su demanda, afirman que "la Junta de Andalucía tiene la  obligación de atajar esta catástrofe y los instrumentos legales y  materiales para hacerlo". En este sentido, aluden a la Ley 2/2002 de  Gestión de Emergencias en Andalucía, que configura la gestión de  emergencias como un deber de la Administración y la define como  "situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades  públicas, así como aquellas otras situaciones no catastróficas que  requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de  especiales medidas de coordinación de los servicios operativos".  

La declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía,  según el 15M, supondría, en primer lugar, "alentar a la población al  ejercicio de su derecho/deber de autoprotección", tal y como  establece el artículo 5.2 de dicha Ley. Este caso, según el 15M,  corresponde al de "cientos de personas han tomado la sensata decisión  de oponerse a los desalojos de sus viviendas o la de ocupar viviendas  vacías, mientras los poderes públicos reprime de diversas formas esta  práctica".

Entre las medidas de "carácter excepcional" que recoge la Ley se  contemplan, asimismo, "acordar la permanencia en domicilios" y  "ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos  bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la  forma y supuestos previstos en las Leyes".  

Según el 15M, "la adopción de este tipo de medidas permitiría la  suspensión de la ejecución de las órdenes judiciales de lanzamientos  de viviendas de residencia habitual, poner a disposición de las  personas necesitadas cientos de viviendas ociosas y facilitar los  suministros de agua y energía eléctrica o gas a aquellas personas que  por diversas razones se encuentran privadas de los mismos".  

Con la declaración del Estado de Emergencia Habitacional se exigen  otras medidas, como "la inmediata puesta en uso de la vivienda  pública y de VPO vacante, el inmediato cese de desalojos de viviendas  públicas, la aplicación taxativa de la normativa de VPO que obliga al  uso como residencia habitual de la vivienda de tal carácter y a la  intervención decidida de los servicios de protección del consumidor  frente a los abusos bancarios".

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