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Los municipios se esfuerzan por reparar los daños del ladrillo

Las administraciones públicas andaluzas funcionan "muy bien en términos de legalidad" pero deben agilizar su respuesta a los ciudadanos. Ése es el resumen de los 771 dictámenes emitidos el año pasado por el Consejo Consultivo, que destaca el esfuerzo de los ayuntamientos por restablecer la legalidad urbanística.

el 16 sep 2009 / 03:39 h.

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Las administraciones públicas andaluzas funcionan "muy bien en términos de legalidad" pero deben agilizar su respuesta a los ciudadanos. Ése es el resumen de los 771 dictámenes emitidos el año pasado por el Consejo Consultivo, que destaca el esfuerzo de los ayuntamientos por restablecer la legalidad urbanística.

La sanidad, la revisión de licencias urbanísticas y cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial centraron en 2008 los dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía, órgano de consulta de la administración autonómica y local por el que pasan las leyes al que éstas deben preguntar cuando abren un expediente por las quejas ciudadanas sobre su actuación.

Según la memoria presentada ayer por el presidente del Consejo, Juan Cano Bueso, al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el órgano consultivo recibió el año pasado 808 solicitudes de dictámenes y emitió 771, el 82% a favor de la resolución de las administraciones.

Cano Bueso destacó que en el 93% de los casos, la administración correspondiente ha seguido las directrices del Consejo y cuando no fue así obedece "normalmente a disparidades en la forma de entender la contratación administrativa y el funcionamiento de los servicios públicos, sobre todo el Sistema Andaluz de Salud".

Destacó el esfuerzo de las corporaciones locales por restablecer la legalidad urbanística -hubo 444 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial y 65 sobre urbanismo-, sobre todo en "municipios costeros muy castigados por el urbanismo salvaje", con Marbella a la cabeza "porque tenía más cosas que arreglar". Una mejora que atribuye al "mayor conocimiento de la ley y al esfuerzo del mundo jurídico para establecer más rigor. El clima de lucha contra la corrupción urbanística que se ha creado desde la UE y las instituciones andaluzas hace mella".

La política de austeridad que la Junta quiere seguir imprimiendo en 2010 a la administración también compete al Consejo Consultivo, aunque no fue ayer objeto de la reunión. Cano Bueso destacó que ya en su presupuesto de este año -3.333.000 euros- redujeron un 50% sus gastos corrientes "y el año que viene habrá que aumentar el esfuerzo". Pero la reducción de consejeros y la modificación de sus retribuciones es decisión parlamentaria, dijo.

Actualmente, un tercio del presupuesto del Consejo se destina a pagar la nómina de los 41 trabajadores, el fijo de los seis consejeros de la comisión permanente -número fijado por ley- y las dietas de la veintena que componen el pleno.

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