La apuesta educativa de la Junta por integrar al mayor número de alumnos discapacitados posibles en la enseñanza ordinaria ha hecho que el número de niños en los 59 centros de educación especial andaluces experimente un progresivo descenso (3.570 el curso pasado). Sin embargo, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, presentó ayer un informe en el Parlamento que cuestiona la política seguida en Andalucía con la Educación especial. Considera que la política de inclusión en la enseñanza ordinaria llega a ser "forzada e inflexible" hasta el punto de que puede ir en contra de las necesidades reales de los alumnos con discapacidad. Por contra, son derivados a esta red niños sin discapacidad severa pero con problemas de conducta cuando los colegios e institutos no saben qué hacer con ellos.
Para Chamizo, se trata de un uso desvirtuado de los centros de educación especial cuando el 35% de éstos reconocen que no pueden atender todas las solicitudes de ingreso de alumnos con discapacidad, sobre todo por falta de espacio y recursos materiales y humanos pero también, por la resistencia generalizada de los orientadores de colegios e institutos a derivar a alumnos discapacitados a estos centros (las familias se quejan de que incluso no se les informa de su existencia).
Aunque el Defensor se muestra claramente a favor de los esfuerzos de integración en la enseñanza ordinaria, critica la inflexibilidad de la administración en este empeño, una situación que se invierte cuando los alumnos llegan a Secundaria y sus problemas para seguir el ritmo desembocan en trastornos de conducta. Entonces, dice, "se acelera" la derivación a los centros especiales de niños problemáticos ante la "incapacidad" del sistema para atenderlos cuando en la mayoría de los casos no presentan una discapacidad que justifique ese desvío y la educación especial no es la solución que precisan.
Sólo el 11% de los alumnos de estos centros comenzaron en la enseñanza ordinaria y posteriormente fueron derivados a la educación especial por decisión del colegio en el que estaban matriculados o por sugerencia de los orientadores de los institutos. El resto accedieron directamente a esta red tras ser valorados al comenzar su escolarización o en una segunda revisión. En este aspecto, Chamizo también critica que no exista una periodicidad fija para revisar la discapacidad de estos niños, cuya estancia media en estos centros es de 11 años.
En cuanto a la radiografía de la red, de los 59 centros especiales andaluces, el 27% son públicos (16, concentrados sobre todo en Sevilla y Cádiz) y el 73% (43) de titularidad privada aunque con conciertos. El informe ofrece una radiografía con grandes diferencias entre provincias. Granada y Cádiz tienen el mayor déficit de plazas, ya que dejan sin atender más de la mitad de la demanda.
De las visitas a los centros realizadas por técnicos de la Oficina del Defensor y los cuestionarios rellenados por el personal que trabaja en ellos (1.592 profesionales, la mayoría pedagogos y profesores de apoyo) se desprende que las condiciones de las infraestructuras y de trabajo, así como la ratio de profesores por alumnos (uno cada cinco o seis de media) son buenas, aunque con paradojas como que un 10% de los centros tengan barreras arquitectónicas.
Sin embargo, más allá de los medios materiales y humanos, el Defensor reclamó de forma urgente un plan global de reordenación, modernización y calidad. No existe una norma que regule las requisitos mínimos que deben cumplir las infraestructuras; falta un sistema homogéneo de evaluación que además sea compatible con el del sistema ordinario para que la formación adquirida tenga un reconocimiento homologable; y sobre todo, estos centros deben adaptarse a un nuevo perfil de alumnos, cada vez más, niños muy pequeños pero gravemente afectados.
