Los nombramientos de Joaquín Zulategui, Juan Carlos Roldán y Luis Rementería como nuevos integrantes del consejo de administración del Real Betis podrían ser invalidados, tal y como informaron ayer a El Correo Juan Manuel Gómez Porrúa, interventor de las acciones de Farusa y abogado, y diferentes juristas y miembros de la oposición.
Según la legislación actual, el quórum exigido para adoptar resoluciones es de la mitad más uno de los miembros de pleno derecho del consejo -16 en el caso del Betis-, una norma que incumplieron los consejeros, ya que a la cita sólo concurrieron Jaime Rodríguez Sacristán, presidente, Luis Oliver, consejero deportivo, Manuel Castaño, vicepresidente, Ángel Vergara, Eduardo Peña y Francisco Nuchera, que votó por delegación.
En total, seis personas, tres menos de las que estipulan, además de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), los estatutos de la entidad de La Palmera.
De esa forma, las plataformas opositoras podrían solicitar en los tribunales la invalidez del cónclave y, por ende, la elección de los tres nuevos miembros del consejo: Joaquín Zulategui, Juan Carlos Roldán y Luis Rementería, un extremo que podría ser una realidad si el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla no falla a favor del requerimiento presentado por PNB para anticipar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria.
Uno de los interventores de los derechos políticos de las acciones de Farusa, Juan Manuel Gómez Porrúa, indicó a El Correo que "la única decisión que podía haber adoptado el consejo, según regula la ley, es convocar una Junta General".
"Las resoluciones son irregulares, inválidas, y cualquier persona puede impugnarlas ante un juez y ganar el caso", señaló. Sin embargo, los interventores y los opositores esperarán al fallo del Juzgado de lo Mercantil antes de emprender acciones legales, ya que, en caso de fallo favorable, la resolución de un juez a una posible impugnación del último consejo se demoraría más que la celebración de la propia Junta.
"Es lógico ser pacientes, porque impugnar, movilizar la maquinaria jurídica e iniciar otro proceso si el Juzgado de lo Mercantil falla a favor de nuestros intereses sería un error", confirmó Manuel Serrano, abogado de Béticos por el Villamarín.
El planteamiento del club difiere de forma notable del de los interventores. Según detalló Manuel Castaño, consejero y abogado, "no se ha cometido ninguna irregularidad, porque cuando teníamos seis miembros se decidió ampliar el número de consejeros para que las decisiones adoptadas fuesen válidas".
Borme
La tesis de los servicios jurídicos de la entidad es que las decisiones no son irregulares, ya que los consejeros que han dimitido aún no han hecho efectiva su marcha en el registro del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), por lo que aún había quórum para adoptar resoluciones. Sin embargo, el propio Juan Manuel Gómez Porrúa rechaza la versión.
"Es cierto que el consejo todavía consta de integrantes suficientes para estar constituido, ya que tiene 9 en el BORME, pero en la votación no participaron 9 consejeros, sino 6. Por tanto, no existía quórum para que las decisiones saliesen adelante", comentó.
Mientras, los interventores se personaron en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, para entregarle a la magistrada su último informe de actuación, que comprende entre el 3 de septiembre y el 2 de octubre, aunque no se reunieron con ella.
