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Los nudistas denuncian el veto en las playas de El Ejido

La Asociación de Naturistas-Nudistas de Andalucía (ANNA) va a denunciar al Ayuntamiento de El Ejido (Almería), en manos de los independientes conservadores del PAL, por incluir en su ordenanza de convivencia ciudadana un artículo en el que indica la prohibición de practicar el nudismo integral en la playa y en la zona marítima del municipio

el 16 sep 2009 / 07:27 h.

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La Asociación de Naturistas-Nudistas de Andalucía (ANNA) va a denunciar al Ayuntamiento de El Ejido (Almería), en manos de los independientes conservadores del PAL, por incluir en su ordenanza de convivencia ciudadana un artículo en el que indica la prohibición de practicar el nudismo integral en la playa y en la zona marítima del municipio. Esta denuncia se registrará una vez que tengan la resolución de la queja hermana que han presentado en un juzgado de Cádiz contra el veto al nudismo aprobado por el equipo de gobierno local, del PP.

El portavoz de la asociación, Rafael Ortiz, afirmó ayer en declaraciones a Europa Press que los servicios jurídicos de ANNA remitieron durante el verano pasado varios escritos al consistorio ejidense, advirtiendo de la "ilegalidad" de promulgar esa ordenanza, ya que entienden que la prohibición a esta práctica es "inconstitucional". Sostiene Ortiz que "nunca se obtuvo respuesta" a estas cartas, en las que, además, se solicitaba información sobre la fecha de aprobación de la norma.

El alcalde, el ex popular Juan Enciso, se escudó en el hecho de que, en todo el proceso de exposición pública de la ordenanza, no se recibieron alegaciones ni nadie se ha remitido a él formalmente pidiendo que alguna playa de la localidad se catalogue como nudista. Por ahora, recordó, no se ha sancionado a nadie por quitarse la ropa en estas playas, aunque sigue habiendo gente que practica el nudismo en zonas aisladas.

ANNA, no obstante, pide a los usuarios que no se sientan "atemorizados" por la norma, ya que cuentan con una sentencia a su favor dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que hace que "no haya legalidad" en la ordenanza.

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