Los obispos andaluces alertaron ayer de que la llamada Ley de muerte digna puede "favorecer una eutanasia encubierta" y reclamaron a la Junta que la norma permita la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. La Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso de la Muerte superó el debate a la totalidad del Parlamento Andaluz el 7 de octubre de 2009. Tras el intercambio de ideas de aquel día, el texto fue remitido a la Comisión de Salud -que lo tratará mañana- con la finalidad de seguir su tramitación parlamentaria, "lo que supone que los diferentes grupos y agentes sociales se pronuncien sobre la norma", informó Salud.
Los prelados valoraron "positivamente cuanto se regule en favor de la humanización del proceso de la muerte"; sin embargo, pese a esta declaración, se mostraron contrarios al espíritu de la norma andaluza, con afirmaciones como ésta: la ley muestra "ambigüedades [que] abren el camino a interpretaciones contrarias a la dignidad de la persona humana en el proceso de la muerte con el riesgo de favorecer una forma de eutanasia encubierta".
Según los obispos, esto puede ocurrir al "distinguir [la norma] entre vida biológica y vida personal". "La autonomía personal nunca puede llegar a justificar decisiones o actos contra la vida humana propia o ajena", aseguraron, y añadieron con rotundidad que "la vida humana, cualquiera que sea su estado de plenitud o de deterioro, es siempre vida personal y por lo mismo goza indisociablemente de la dignidad indivisible de la persona".
irreconciliables. Esta declaración pone una distancia tal que hace irreconciliables la postura de la Iglesia y el contenido de la ley autonómica. Con todo, los obispos llaman al "correcto funcionamiento de los comités de ética" y a una "adecuada financiación que garantice los derechos del enfermo". Aun así, los obispos reconocen que existe "la dificultad de discernir algunos casos" o que pueden darse "conflictos de valores", por lo que "se ha de reconocer a los profesionales sanitarios -reclamaron- el derecho a la objeción de conciencia".
No es la primera vez que un colectivo reclama la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios sobre ciertas prácticas. El pasado 17 de diciembre, y tras una polémica suscitada en torno a la técnica del diagnóstico genético preimplantatorio y prácticas como el aborto, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Sánchez Luque, apostó por desarrollar un marco normativo "estatal y estable" que recojan "el respeto a las nuevas realidades sanitarias, aunque también el respeto a que el médico pueda objetar".
La Consejería de Salud se mostró en un rotundo desacuerdo con que la ley pueda dar lugar a ambigüedades. "Se ha hecho un esfuerzo en que en el texto de la norma quede descrito cada concepto que tenga que ver con la muerte digna, desde sedación paliativa hasta limitación del esfuerzo terapéutico", indicaron fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Estas fuentes aseguraron que en un mes la norma será debatida en el Parlamento y negaron que dé cabida a la eutanasia ni al suicidio asistido, "que son ilegales".
