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Los ocupas de Casas Viejas niegan que bloquearan las puertas y que la Policía llamara antes del asalto

Sólo uno de los acusados ha reconocido los hechos ante la magistrada que juzga los altercados ocurridos en el desalojo siete años después

el 16 sep 2014 / 15:03 h.

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Los ocupas acusados por desórdenes públicos tras el desalojo del Centro Social y Ocupado Casas Viejas, del que se cumple en noviembre siete años, han negado hoy que las puertas del mismo estuvieran bloqueadas para evitar que la Policía Nacional los echara del inmueble. Cinco de ellos, que estaban en el interior del edificio cuando ocurrieron los hechos, han explicado en el juicio "que había cinco puertas" y que "sólo un portón estaba bloqueado, pero llevaba muchos años así". Además, han defendido que la Policíano llamó a la puerta antes de saltar por los muros del patio. Sólo uno de ellos ha reconocido los hechos. La cita era en el Juzgado de lo Penal número 14, casi siete años después del polémico desalojo, en el que incluso fue necesaria la intervención de los Bomberos para sacar a dos ocupas que estaban encadenados en un zulo. Los primeros en declarar han sido lo jóvenes que se encontraban en el patio en el momento que los agentes asaltaron el edificio para poder proceder a su desalojo. Todos han coincidido en que las puertas "no estaban bloqueadas", salvo un portón que no era utilizado por los usuarios del centro pues "llevaba años así". Además, han contado que la Policía "no llamó a la puerta", si no que saltó "directamente" los muros y accedió al patio. Allí identificó a todos y, según contó una de las acusadas, "nos tuvieron retenidos durante siete u ocho horas". Otro de los acusados ha engado que él estuviera encadenado a una pared de hormigón. El único que ha reconocido los hecho es Agustín Toranzo, quien fue localizado por los agentes en el interior de un zulo encadenado junto con otro chico, Rubén Iván Díez, que no ha acudido al juicio porque se encuentra en el extranjero. Toranzo se ha limitado a reconocer los delitos que se le imputan, aunque no ha querido contestar a ninguna pregunta. Se da la circunstancia de que él ya había condenado a pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización de 1.200 euros por un delito de calumnias por haber acusado a dos agentes de la Policía Nacional de torturas físicas y psicológicas. Igualmente, ha declarado cuatro personas acusadas de participar en una manifestación en contra del desalojo, en la que se provocaron diversos daños en el mobiliario de la calle Feria, quienes han contestado todas las preguntas de las partes. Se trata de un trabajador social del centro vecinal El Pumarejoj, un encargado de un bar de la zona, y una pareja de arquitectos que tenían su despacho en el barrio. Todos han coincidido en que se acercaron a preguntar lo qué ocurría, momento en el que la Policía les solicitó su documentación para identificarles. La Fiscalía de Sevilla solicita para estos últimos acusados un año de prisión por un delito de desórdenes públicos y para los otros seis, penas de ocho meses de cárcel por resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad. El juicio continúa el juevaves con la declaración de los agentes que participaron en el desalojo, entre ellos el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

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