Falsear los datos para que un hijo entre en un determinado colegio va a costar muy caro a las familias. Los padres que truquen alguna información, como el domicilio, serán penalizados con la pérdida de todos los derechos para que su hijo acceda a ese centro. Es decir, perderá todos los puntos -hasta ahora le quitaban los que había obtenido irregularmente- y la Junta le asignará una plaza vacante de oficio, que, con toda probabilidad, quedará muy alejada de la primera opción.
Esta es una de las novedades del proyecto de decreto de escolarización que la Junta remitió ayer a 23 colectivos para que hagan sus aportaciones. Entrará en vigor en el proceso de escolarización de la próxima primavera.
La Consejería de Educación se ha propuesto castigar más duramente el fraude escolar, una práctica habitual sobre todo en colegios concertados de Sevilla, con mucha más demanda que oferta. Sin embargo, el titular de este departamento, Francisco Álvarez de la Chica, aseguró que los engaños han bajado "significativamente". Este curso se ha detectado un 0,27% de fraude mientras que en el anterior hubo un 0,33%. Para reforzar el control, las comisiones de escolarización se convertirán en comisiones de garantías, que podrán revisar las solicitudes e investigar las sospechosas.
La principal novedad del decreto, que ya adelantó ayer este periódico, es la posibilidad de que las familias reserven para su hijo una plaza para toda su vida escolar, es decir, que desde los tres años ya sepa en qué colegio e instituto estudiará hasta ir a la universidad. Álvarez de la Chica destacó que es una medida "insólita y pionera en España", con la que la Junta pretende competir con la concertada, que hasta ahora ofrecía una mayor continuidad. La idea es garantizar una plaza en tres centros que estén cerca entre sí y que actúen como uno solo, por ejemplo, a la hora de coordinar el proyecto pedagógico. Si durante el proceso de escolarización el alumno cambia de domicilio, puede renunciar a su plaza y optar a otra con el procedimiento vigente. "Es un derecho, no una obligación", aclaró el consejero. El decreto busca también favorecer la distribución equilibrada de los alumnos con necesidades especiales (discapacitados, enfermos crónicos, superdotados) e inmigrantes. Para ello obligará a los concertados -los públicos ya lo hacen- a reservar tres plazas por clase para estos alumnos. Si quedan vacantes porque no haya demanda suficiente las asignarán las comisiones de garantías.
Para facilitar el papeleo, a partir de ahora los padres no tendrán que presentar el certificado de renta, ni el de residencia o el de familia numerosa. De verificar los datos se encargará la consejería gracias a la administración electrónica. Además, se podrá consultar por internet el estado de la solicitud y las zonas de escolarización, y la consejería responderá a las dudas en el 900 84 80 00.
cobros irregulares. Uno de los apartados del documento deja claro que los colegios concertados no pueden cobrar a las familias por recibir una enseñanza que es gratuita, ni pueden establecer cuotas obligatorias por otros servicios, como actividades extraescolares, ni obligar a hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Ya ha habido cuatro centros en Almería que han sido multados con hasta 279.000 euros por esta práctica irregular, pero para que la consejería actúe debe haber una denuncia previa de los padres.
