La junta de gobierno municipal dio cuenta ayer de la resolución de la Comisión Provincial de Valoración sobre la compensación de la cooperativa Agriflor, que se interpone en el proyecto de Megapark, y que da la razón al Consistorio. La empresa está dispuesta a llegar a los tribunales.
El Ayuntamiento ya ha dejado claro en varias ocasiones que no está dispuesto a retrasar el proyecto de Megapark, cuyo coste es de 160 millones de euros, aunque su desarrollo tiene dos grandes escollos que solucionar de aquí a septiembre, momento en el que se entregará el proyecto de reparcelación: el primero es llegar a un consenso entre los accionistas del proyecto para hacer el parque comercial, y el segundo, conseguir que los precaristas que llevan allí toda la vida se vayan de la zona conocida como Lugar Nuevo.
Esta última situación está muy avanzada, tal y como fijó el Consistorio ayer en la junta de gobierno cuando dio cuenta de que la Comisión Provincial de Valoración ha dado la razón al Ayuntamiento sobre el dinero que tiene que dar a Agriflor -cooperativa que no quiere irse de la zona-, por abandonar Lugar Nuevo, una cantidad que ronda los 2.380 euros.
Sin embargo, la propia cooperativa contrató a un perito agrícola que tasó la misma compensación en unos 800.000 euros, una diferencia económicamente abismal, y por la que los precaristas están dispuestos a llegar a los tribunales, para que "sea un juez el que diga que tenemos que irnos de allí", comentó ayer Francisco Cano, uno de los socios de Agriflor.
Cano asegura que la resolución de la comisión fue impugnada y de momento pueden quedarse allí. La razón del recurso fue que, según ellos, quien hizo el peritaje del Ayuntamiento no estaba cualificado para ello. El cooperativista asegura estar pasándolo muy mal estos meses puesto que "nuestro recurso de vida, lo que hemos hecho siempre, nos lo están quitando. Sólo pedimos que el Ayuntamiento nos deje techar los invernaderos", dijo el agricultor, una premisa importante para poder plantar las flores de ornamentación que venden.
Fuentes municipales comentaron que en estos casos rehusan acudir a la Comisión Provincial de Valoración, puesto que "siempre es menos dinero el que tasa la comisión que el que ofrecemos nosotros, como ha pasado con Agriflor". Y además, el Consistorio dice que todos los papeles que pueda aportar la cooperativa no los han visto nunca o, en todo caso, no son vinculantes. Al menos, las dos partes se han puesto de acuerdo en algo: que los precaristas que queden van a tener que irse, algo que ya tiene asumido Francisco Cano cuando dice que "son más fuertes, tienen más recursos y nos iremos".
