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Los partidos exigen a Aído una reforma de la ley

La mayoría de los grupos parlamentarios han coincidido en pedir la mejora y reforma de la ley integral de Violencia de Género a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

el 15 sep 2009 / 08:32 h.

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La mayoría de los grupos parlamentarios han coincidido en pedir la mejora y reforma de la ley integral de Violencia de Género a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a quien han acusado de "triunfalista" en su valoración de dicha norma.

En una sesión extraordinaria en la Comisión de Igualdad del Congreso, Aído ha presentado a petición propia el informe de evaluación de la ley integral de medidas contra la violencia de género cuando se han cumplido los tres años desde su aplicación.

En líneas generales, todos los grupos han reconocido los avances conseguidos por la mencionada legislación desde su puesta en marcha, pero también han subrayado que restan muchas cuestiones por aplicar y por desarrollar.

Así la portavoz del grupo catalán CiU, Mercedes Pigem, quien ha echado en falta un informe más exhaustivo y crítico, ha propuesto la creación de una subcomisión en el Congreso para estudiar propuestas de mejora y modificación que doten a la ley de mayor eficacia.

En su intervención, la diputada popular Sandra Moneo ha ofrecido la colaboración de su grupo político en la lucha contra este tipo de violencia, pero ha advertido que ello no será posible si el Gobierno no admite las lagunas de la ley de violencia de género y no acomete las medidas necesarias para subsanarlas.

Además, ha calificado el informe de evaluación de los tres años de aplicación presentado por Aído de "auto-complaciente", cuyo texto -ha afirmado- omite "el colapso" de los juzgados de violencia de la mujer, la falta de presupuesto o el déficit de agentes de las fuerzas de seguridad para prestar protección a las víctimas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, la ministra ha señalado que el informe recoge un hecho objetivo, como es que en todos los ámbitos abordados por la ley "ha habido avances, lo que no significa que mantengamos una actitud complaciente sino de autocrítica".

Tras llamar al consenso de los partidos y de las administraciones para aplicar eficazmente dicha legislación, Aído ha señalado que ninguna ley puede valorarse en términos del número de muertes, algo que -ha dicho- no se exige a ninguna otra norma.

En lo que va de año han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas un total de 31 mujeres, nueve menos que en igual periodo del año anterior.

Según la ministra de Igualdad, desde la aplicación de la ley se ha producido un descenso de la cifra media de víctimas mortales del 8,7 por ciento, a pesar de la evolución de los dos últimos años.

En 2006 se contabilizaron 68 fallecimientos de mujeres a consecuencia de la violencia machista y en 2007 la estadística se elevó a 71, frente a las 57 víctimas mortales de 2005.

Tanto la mayor sensibilización de la población como la existencia de la propia ley de violencia de género, han propiciado el descenso de la violencia sobre las mujeres en España, a juicio de Aído.

La aplicación de la ley, aprobada en su momento por unanimidad en el Parlamento, ha supuesto una inversión cercana a los 800 millones de euros, sin contar con lo presupuestado por las administraciones locales y autonómicas, ha añadido la ministra, acompañada en la Comisión por los altos cargos de su cartera.

En su turno de intervención, el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá ha subrayado que la cifra de muertes no se ha reducido "y es evidente que la ley tiene insuficiencias", de ahí la necesidad de mejorarla.

A continuación ha tachado de "triunfalistas" algunas partes del informe, -divulgado el pasado 11 de julio tras el Consejo de Ministros-, y ha propuesto una nueva asignatura para educar a los chicos en este tema.

El diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha subrayado que la ley es la solución, pero "el problema es su aplicación", mientras que la diputada del BNG, Begoña Fernández, ha demandado elevar la protección de las mujeres.

Por último, la diputada socialista, Carmen Montón, ha argumentado que la efectividad de la ley no ha de medirse en función únicamente del número de fallecidas, porque frente a ello se contrapone la cifra de mujeres protegidas: más de 94.000.

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