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Los partidos negocian regular la prostitución en una ordenanza

Las alegaciones presentadas a la ordenanza antivandálica han reabierto el debate municipal sobre la regulación del ejercicio de la prostitución en la vía pública. El Gobierno estudia la propuesta del PP: sancionar a los clientes con multas de 750 a 1.500 euros. PSOE e IU aún no han definido su postura.

el 14 sep 2009 / 21:37 h.

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Las alegaciones presentadas a la ordenanza antivandálica han reabierto el debate municipal sobre la regulación del ejercicio de la prostitución en la vía pública. El Gobierno estudia la propuesta del PP: sancionar a los clientes con multas de 750 a 1.500 euros. PSOE e IU aún no han definido su postura.

En el pleno del pasado 15 de marzo, cuando se aprobó inicialmente la Ordenanza para la Convivencia y la Seguridad en los Espacios Públicos de Sevilla, los dos socios de gobierno cerraron las puertas al debate de la prostitució. Rechazaron la propuesta de PP y PA de que se introdujera un capítulo sobre esta cuestión. La oposición seguía el modelo aplicado en otras ciudades. En todas las grandes capitales en las que se ha iniciado una regulación de conductas vandálicas, mendicidad y venta ambulante, se ha estudiado establecer unas normas sobre prostitución. La negociación, sin embargo, se ha reabierto tras el verano. No hay una decisión tomada, pero sí una intención declarada de lograr un amplío consenso, que pasa por introducir algunas de las iniciativas del PP. Las negociaciones se deben producir en los próximos días, puesto que la normativa será aprobada de forma definitiva en el Pleno de enero.

Las alegaciones del PP sobre prostitución están basadas en la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Barcelona. Se centra en la regulación de la prostitución en "el espacio público" y tiene como objetivos "prevenir la explotación de determinados colectivos en situación de riesgo y preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de relaciones sexuales en la calle".

La propuesta, impulsada en Barcelona por un Gobierno socialista, recoge la protección de las prostitutas, que no podrán ser nunca sancionadas. La actuación de los agentes se limitará "a informar a las personas de las posibilidades que las instituciones públicas y privadas les ofrecen, prestándole la ayuda que sea necesaria". El punto de mira se sitúa en los clientes. Sólo por requerir la prestación de estos servicios sexuales, se considerará que han cometido una infracción grave sancionable con multas de entre 751 y 1.500 euros. Estas actuaciones pasan a ser consideradas muy graves si además la "relación sexual retribuida" se mantiene en el espacio público. La infracción puede conllevar multas de hasta 3.000 euros.

Los dos socios de gobierno deben aún estudiar en el seno de sus grupos estas propuestas -que ya han sido analizadas técnicamente- y definir una postura común, díficil de lograr por las distintas sensibilidades existentes tanto en el PSOE como en IU sobre este tema. No hay un marco legal claro y las opciones de actuación van desde las restricciones aplicadas en Madrid y Barcelona, hasta la legalización de este ejercicio defendida en ocasiones por la federación de izquierdas.

En el mes de marzo, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, los dos socios de gobierno usaron un argumento común para dejar este debate al margen de la ordenanza antivandálica: en Sevilla no existen los problemas de prostitución que se producen en otras capitales. Las últimas denuncias hechas públicas en los últimos meses tienen como escenario al distrito de Nervión. Son varias las asociaciones vecinales que han alertado de la presencia de prostitutas en las calles.

En cualquier caso, y en esto coinciden los planteamientos de todos los partidos, la restricción -si se lleva a cabo- debe venir acompañada de un plan integral centrado en mejorar la situación social y personal de las prostitutas.

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