A partir del próximo 1 de julio, los 1,6 millones de pensionistas de Andalucía empezarán a pagar el 10% de los medicamentos que consumen al mes. Esto ocurrirá en toda España, en aplicación del real decreto del Gobierno que regula el copago farmacéutico. Los pensionistas españoles, que desde los años 60 jamás han pagado por sus fármacos (más allá de los impuestos que sostienen la sanidad pública), asumirán ahora ese 10% del coste, hasta un límite de 8, 18 o 60 euros al mes.
Estos tres máximos dependerán de los ingresos del paciente: 8 euros al mes para las rentas inferiores a 18.000 euros, lo que afecta al 85% de los pensionistas andaluces (1,4 millones); 18 euros al mes para quienes ingresen entre 18.000 y 100.000 euros (260.895 andaluces) y 60 euros para las rentas superiores a 100.000 euros (4.033). En la mayoría de los casos, el 10% del coste de los medicamentos que necesita un pensionista al mes supera esos límites. ¿Qué ocurre entonces?
La aplicación del real decreto no será igual en todas partes. En otras regiones, los pensionistas tendrán que adelantar ese 10% del coste de los fármacos, aunque supere su tope correspondiente. La administración le devolverá lo que haya pagado de más seis meses después. En algunos casos el reintegro será automático, y en otros el paciente tendrá que solicitar su devolución. La consejera de Salud, María Jesús Montero, criticó ayer el sistema porque si la administración tiene problemas de tesorería, el enfermo tardará más en recuperar el dinero.
En Andalucía los pensionistas no tendrán que adelantarlo. A la tarjeta sanitaria se le ha incorporado una especie de "cuenta corriente", que irá contabilizando el gasto de cada fármaco y dejará de sumar cuando haya alcanzado el límite. A partir de ahí el pensionista seguirá adquiriendo sus medicamentos de forma gratuita. El médico prescribe la receta electrónica, la graba en el ordenador, el paciente va a la farmacia con su tarjeta sanitaria y el sistema escupe los medicamentos que necesita y la cantidad que tiene que pagar por ellos. Si ya ha pagado sus 8 euros (o sus 18 o 60 euros), no tendrá que seguir pagando. Con este sistema, explicó Montero, "se evita que el paciente tenga que reclamar después de seis meses el dinero que cada mes haya excedido de su tope".
Para pensionistas con más de una dolencia grave, adelantar el 10% del precio de los fármacos supone un sobrecoste difícil de asumir. Un enfermo de Alzheimer, con hiperplasia benigna de próstata, insuficiencia cardíaca, EPOC y diabetes necesita tomar 22 medicamentos al mes para controlar sus dolores. El coste total de esos fármacos asciende a 424 euros al mes, de los que un paciente medio tendría que abonar sólo 8 euros al mes. Si tuviera que pagar el 10% del coste real y esperar seis meses a que se lo devolvieran, el pensionista tendría que adelantar a la administración 204 euros extras. Montero cree que los pacientes no tienen por qué funcionar como "bancos" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La receta electrónica andaluza, que está en vigor desde 2003, permite cruzar los datos clínicos de los pacientes con su información económica y sus datos de la Seguridad Social. De este modo, la Junta puede actualizar al mes la situación laboral del enfermo y saber cuánto le corresponde pagar en la farmacia.
Menos burocracia. El sistema andaluz también permitirá minimizar los trámites burocráticos a los que se enfrentaría el paciente para recuperar su dinero. El SAS se ahorra la contratación de 30 administrativos (800.000 euros en sueldo al año) que hubieran sido necesarios para gestionar todas las devoluciones.
Montero recordó que la Junta aplicará la norma estatal "por imperativo legal", insistió en que "choca con el ordenamiento jurídico andaluz", "favorece a las aseguradoras privadas" y supone una "bajada real de las pensiones". La consejera aseguró que "no había margen legal" para eludir el pago mínimo de los fármacos, aunque el País Vasco ha anunciado que no lo aplicará.
En Andalucía también hay 1.169.228 trabajadores a los que les afectará el copago farmacéutico: 1.148.402 aportarán el 50% del coste (con una renta entre 18.000 y 100.000 euros). Antes de la entrada en vigor del decreto, esta población asumía el 40%. Otros 20.826 usuarios abonarán el 60% (con una renta por encima de los 100.000 euros, que antes contribuían con el 40% del coste real).
