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¿Los peores resultados con la mejor escuela?

¿Qué se le puede reprochar a la política educativa andaluza? En esta legislatura ha cumplido prácticamente con todos sus objetivos: Casi ha duplicado el gasto, ha iniciado la modernización de los colegios y sentado las bases de la reforma educativa.

el 14 sep 2009 / 21:54 h.

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¿Qué se le puede reprochar a la política educativa andaluza? En esta legislatura ha cumplido prácticamente con todos sus objetivos: Casi ha duplicado el gasto, ha iniciado la modernización de los colegios y sentado las bases de la reforma educativa. La escuela está mejor que hace cuatro años, el sistema es mejor, pero el rendimiento de los alumnos es tan mediocre como hace 20 años.

Andalucía ha invertido mucho dinero en educación esta legislatura, pero no es la comunidad que más ha gastado en las aulas ni la que destina más dinero por alumno. A España le ocurre lo mismo en comparación con otros países. Cuando la OCDE tiene que tirarle de las orejas a los Estados miembros en el ámbito de la educación suele repetir dos argumentos: les reprocha que no saquen suficiente dinero del PIB para meterlo en los colegios, y les recrimina que no ordenen bien sus prioridades a la hora de invertir el gasto educativo.

Esto último no es la mayor crítica a la que se ha enfrentado la administración educativa últimamente. La consejería ha puesto todo el esfuerzo en lograr una escuela equitativa, igualitaria, abierta a todos y con facilidades para los alumnos con más problemas que provienen de familias y entornos desestructurados, que sufren problemas de aprendizaje, que llegan del extranjero y se asientan en esta comunidad con un nivel de vida paupérrimo. Esta es la escuela que tienen los andaluces, la cuarta más equitativa del mundo, según el último informe PISA.

Dicho esto, ahora se entenderá que la política educativa andaluza esté tocada de esa mezcla de complejo de inferioridad y de responsabilidad histórica: La Consejería de Educación es como el alumno con dificultades de aprendizaje, el que procede de un entorno socioeconómico y cultural castigado, el que sufre un retraso histórico respecto a sus compañeros, el que se esfuerza y estudia y hace todos los deberes de la legislatura, pero no aprueba.

Lo que ha hecho el Gobierno andaluz en estos cuatro años -más que en ninguna otra legislatura anterior- ha sido darle a sus alumnos todo lo que sus padres nunca tuvieron, tratando de poner el contador a cero para que Andalucía empiece a recoger beneficios de la siembra.

La consigna que se ha repetido hasta la saciedad ha sido la de modernizar la escuela. Ha sido casi como una obsesión. Quizá el Gobierno andaluz quiere estar en primera línea de la alfabetización digital porque hace 40 años Andalucía era el mayor campo de analfabetos de España. Por eso se han construido nuevos colegios y se han reformado los viejos; se han multiplicado los centros bilingües e instalado 221.883 ordenadores; por eso hay más escuelas que ampliaron su horario 12 horas para que las familias pudieran conciliar sus trabajos con el cuidado de sus hijos; por eso la Junta paga todos los libros de texto de Primaria y la ESO, por eso se ha ampliado la gratuidad hasta los tres años; por eso hay un abanico de planes escolares para reforzar el aprendizaje de los que van peor, para fomentar la lectura; por eso se ha privilegiado la FP hasta sacarla del segundo plano y ponerla incluso por delante del Bachillerato y por eso se ha logrado estabilizar la plantilla vaciando la bolsa de interinos.

Es probable que el Gobierno andaluz, que al fin y al cabo es socialista, haya desempolvado las tesis de Marx para rescatar a la escuela de la ciénaga: si mejora la infraestructura, tarde o temprano mejorará la superestructura. Si se potencian los medios y se dan facilidades para aprender, la sociedad escolar andaluza terminará creciendo y se superpondrá a sus padres, que no tuvieron los medios que ellos tienen. De momento, no lo han conseguido.

Esta legislatura ha sido la de la reforma educativa que ha culminado con la aprobación de la Ley de Educación Andaluza. Con ella quieren alcanzar los objetivos europeos de calidad educativa en cuatro años. Se contratará a 15.000 profesores más y se les incentivará con un plus en el salario si logran que sus alumnos mejoren. La pregunta que deja pendiente Cándida Martínez es si las leyes pueden enderezar los malos resultados. Eso dependerá mucho del desarrollo que se haya de la ley. Como decía el Conde de Romanones: "¡Que ellos hagan las leyes y me dejen a mí los reglamentos!". Pero eso ya no depende de esta consejera.

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